miércoles, marzo 31, 1993

Agua potable rural:

Fuente de salud y organización

Por Cristian Sotomayor Demuth

Que las personas se asocien democráticamente para satisfacer necesidades comunes es valioso por sí mismo. Cuando el recurso que motiva la organización es el agua potable, la importancia del hecho aumenta, ya que el vital elemento -cada día más escaso por la desertificación, el derroche y la contaminación- es indispensable para la salud y el desarrollo económico-social de la gente. Si la autoadministración del agua potable se realiza en zonas rurales, la experiencia adquiere aún mayor relevancia, pues con ello se contribuye considerablemente al asentamiento de la población en el campo, que ya no se ve impulsada a emigrar a las ciudades en busca del bienestar.
Según datos del censo de 1982, la cobertura de agua potable alcanza al 34,3% de las localidades rurales concentradas del país (aquellas que cuentan con una población de entre 500 y 3.000 habitantes, con una densidad mínima de 15 Viv./km. de red).

Las asociaciones de agua potable rural (APR) se presentan en la actualidad bajo la forma de cooperativas y comités. Las primeras, ubicadas entre la IV y la VIII regiones, suman 137, con un total de 29.798 socios. Los comités se distribuyen por las 13 regiones, llegan a 613 y agrupan a 91.322 miembros. La mayoría de los socios de estas organizaciones son pequeños agricultores o trabajadores agrícolas de bajos ingresos. Por esta razón, el rol subsidiario del Estado se hace necesario: las personas que desean acceder al APR postulan ante las empresas de servicios sanitarios (filiales Corfo) de su región. Si reciben la aprobación, la empresa asiste a los beneficiados técnica y administrativamente, y se preocupa de la construcción de la infraestructura: pozos, bombas, estanques y redes. El financiamiento lo recibe la empresa desde el Ministerio de Hacienda, el cual, para 1993 destinará $ 4.141 millones para inversiones y $ 314 millones para gastos de proyectos APR.

El "cacho" rural

Hoy en día, los problemas para el desarrollo de asociaciones que pueden incrementar la cobertura de APR son múltiples. En primer lugar no existe un programa nacional de APR claramente definido, que asigne en forma racional las responsabilidades que los organismos públicos tienen en esta materia.
-Tal como están las cosas, están siendo perjudicadas las empresas de la Corfo -explica Gonzalo Frigerio, jefe de la Unidad APR de la Subgerencia de empresas de servicios sanitarios, de la Corporación de Fomento (Corfo)-. Lamentablemente, esto ha llegado a convertirse en el "cacho" rural. Como la infraestructura del APR se ha incorporado al patrimonio de las empresas, se produce un desajuste al no devengar ingresos por la explotación de estas instalaciones. Los usuarios sólo autofinancian la operación y la mantención menor. El asunto es que todo ese activo fijo de las empresas, que no renta, debería ser pasado a pérdida. Hasta ahora eso se ha evitado mediante "artimañas" contables. Pero la situación es explosiva a mediano plazo, ya que o se pasan a pérdidas o se paga el 35% en impuestos.
Otro problema, según Frigerio, es que lo que Hacienda le entrega a las empresas para los gastos de proyectos APR no cubre realmente todo lo que a ellas les cuestan otorgar esos servicios.
Corfo estima que lo más adecuado para solucionar esto es que se traspase la responsabilidad principal hacia los gobiernos regionales. De esta manera, las intendencias decidirían sobre los proyectos de inversiones y contratarían a las empresas Corfo como unidades de asistencia técnica.
-Para este efecto, ya se han realizado reuniones entre representantes de Corfo y los intendentes regionales. Sin embargo, el cambio no se podrá llevar a cabo mientras no se constituyan los nuevos consejos regionales (Ley 19.175). Creemos que el proceso finalizará sólo a fines de 1994. Mientras tanto, Corfo ya ha encargado estudios tarifarios para cada región, pues en cada una los requerimientos son distintos, según la disponibilidad de fuentes y cantidad de usuarios- afirma Frigerio.
Esto no es lo único que debe ser resuelto. Por ejemplo, existe un alto porcentaje de mercedes de agua y terrenos ocupados por las instalaciones en situación de propiedad legal irregular. También está pendiente regularizar el patrimonio de las cooperativas. En sus inicios (1964-1970) éstas aportaron el 20% y el Estado el 80%. Con el correr de los años, esa relación se fue revirtiendo, debido a las inversiones propias de las cooperativas. Pero legalmente nunca se ha reconocido ese cambio, lo que pone en peligro el desarrollo de esas organizaciones.
Un obstáculo para la expansión del sector APR es que hasta ahora el Estado ha condicionado la formación de las asociaciones a una determinada personalidad jurídica, coartando con ello la libertad de la gente para autoorganizarse. Entre 1964 y 1970 los créditos contratados al BID obligaban a formar cooperativas. A partir de 1977, producto de políticas gubernamentales anticooperativas, los préstamos se condicionaron a la formación de comités, 20% de los cuales han sido legalizados como organizaciones comunitarias de carácter territorial (Ley 18.893). Por esto, las cooperativas no han aumentado ni se han generado otras formaciones alternativas.
Desde que en 1977 comenzaron a formarse comités de APR, la iniciativa provenía de los organismos públicos. Bastaba con que las personas hicieran una lista de interesados o que dirigentes vecinales plantearan el asunto para que la empresa tomara cartas en él. La gente sólo esperaba.
Un interesante fenómeno se ha producido últimamente en la VI región. Contradiciendo la ley, que le entrega toda la responsabilidad a las empresas Corfo, la gente ha creado en forma autónoma Comités Pro APR. Estos grupos organizados trabajan para agilizar la aprobación del financiamiento de las obras y, además, se preparan con anticipación en lo relativo a técnicas de gestión democrática del sistema.

Reactivación del cooperativismo

Al igual que todo el resto del cooperativismo criollo, las del sector de APR sufrieron desde 1976 una fuerte discriminación por parte del Estado. No obstante, aunque su desarrollo se estancó notoriamente, el 79% logró sobrevivir e incluso aumentaron el número de socios desde 19 mil en 1973 a casi 30 mil en 1990.
Un ejemplo claro de autodesarrollo cooperativo es Los Maitenes Ltda., ubicada en la comuna de Limache, en la V Región. Esta cooperativa fue fundada el 8 de mayo de 1970 y en la actualidad entrega sus servicios a 800 socios (unas tres mil familias). De acuerdo a la administradora, Regina Peñailillo, la mayoría de los socios son parceleros agrícolas, pero también cuenta con otros más "pudientes", como empresas avícolas, centros vacacionales -como el de Sudamericana de Vapores- y parcelas particulares de agrado.
-Por ello mismo -explica-, nuestra cooperativa entrega amplios beneficios a sus asociados, entre otros, una cuota mortuoria y las tarifas más bajas de las cooperativas de la región.
La otra gracia de Los Maitenes es que otorga múltiples beneficios a la comunidad que habita en la zona. Cuenta con un amplio local que facilita para reuniones de uniones vecinales, clubes deportivos y centros de madres. Posee un policlínico que atiende en forma gratuita a los niños del sector, el cual contiene una sala de matronas que hace revisiones a mujeres embarazadas. Aporta una cuota mensual al liceo rural mixto de Los Maitenes y a la capilla de la localidad.
-Esta cooperativa se autofinancia y, además, obtiene excedentes que reinvierte en sí misma y en la comunidad. Tenemos camioneta y radios; hemos comprado una bomba por $ 1.500.000 y contamos con varios proyectos. Vamos a instalar un jardín infantil para 500 niños, ampliar la red de APR y construir una red de alcantarillado. Esto último forma parte de un proyecto presentado a Esval en 1987 y que ahora esperamos que aprobarán- relata Regina.
Con esto, Los Maitenes se convertiría en la primera cooperativa de servicios sanitarios del país (agua potable más alcantarillado).
Los Maitenes integra la Federación Nacional de Cooperativas de Servicios de Agua Potable, fundada en 1969, en receso desde 1973 y reactivada en 1989. Actualmente la federación cuenta con 23 cooperativas socias, de la quinta región y área metropolitana. Está afiliada, a su vez, a la Confecoop (Confederación General de Cooperativas de Chile).
María Angélica Bradanovic, gerenta de la Federación, explica las proyecciones del sector:
-Estamos esperando que una cooperativa de consumo italiana nos apruebe el proyecto para reactivar eficazmente la Federación. Queremos que sea una organización atractiva, que brinde buenos servicios, como un sistema computarizado de boletas, un equipo de bombas de agua y un staff de profesionales que brinden asistencia administrativa, técnica, legal y contable a los asociados. Creemos que con estos servicios podremos interesar al resto de las cooperativas existentes en el país y entusiasmar a los comités para que opten por transformarse en cooperativas.
La totalidad de las cooperativas de APR existentes en el país mantenía un saldo acumulado de reservas, al año 1990, de 75 millones 383 mil 778 pesos.

(Publicado en la revista el canelo Nº 41, marzo 1993, págs. 48 y 49)

1 comentario:

hugoariztia ariztia dijo...

Es la verdad muy buno