lunes, mayo 31, 1993

Santiago de Chile

El cáncer del crecimiento

Por Cristian Sotomayor

El aluvión del pasado 3 de mayo fue un trágico ejemplo de las consecuencias del crecimiento caótico, inorgánico e irracional de la ciudad de Santiago.
El hecho coincidió precisamente con un debate que se venía produciendo en los medios de comunicación desde comienzos de este año acerca del nuevo Plan Regulador Metropolitano (PRM) de Santiago. Éste fue presentado en octubre del año pasado por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo y actualmente se encuentra en trámite para su aprobación definitiva. Pero ya han surgido muchas voces críticas y cuestionadoras.

La expansión del Gran Santiago ha significado la pérdida, prácticamente irreversible, de una buena porción de las mejores tierras agrícolas de Chile, lo que implica un enorme despilfarro que todo el país reciente. Según el documento “El Futuro Urbano de la Región Metropolitana”, cuyo autor es Eduardo Dockendorff y que fue editado por el Centro de Estudios del Desarrollo (CED), en 1991, entre 1980 y 1985, la superficie urbana del Gran Santiago se incrementó en 13.721 hectáreas.
Si bien la superficie destinada a la agricultura en la Región Metropolitana representa sólo un 5,7% (501.790 hectáreas) de la superficie nacional, aporta un 17,8% (en 1986) al PGB agrícola nacional. Esto significa que la productividad por hectárea en la Región Metropolitana es, como promedio, tres veces mayor que en el resto del país. Esto se agrava si consideramos que el sector agrícola, después del financiero, ha sido el que ha mostrado un dinamismo más persistente en la Región Metropolitana, generando importantes impulsos hacia otros sectores (comercio, transportes y servicios); generando empleos y aportando divisas al país.
En relación a los ingresos y gastos públicos en 1988, los valores obtenidos indicaban que la Región Metropolitana aportaba un 51,6% a los ingresos, pero obtenía 93,42% de los gastos, situación que no varía sustancialmente en los años posteriores. De esta forma, se genera un proceso de extracción de recursos provenientes de otras regiones, para financiar el gasto público de la Región Metropolitana (CED, 1991). Esto se explica porque la gravitación política que tiene Santiago hace que el sistema sea mucho más sensible a las presiones reivindicativas de la población santiaguina que, por su concentración, posee mayor fuerza relativa y está más cerca de los centros de decisión nacional.

Grave contaminación

Particularmente grave es la contaminación atmosférica que ha hecho del Gran Santiago, y en su conjunto no menos de un tercio de la superficie regional, una de las áreas pobladas más contaminadas del mundo. De acuerdo al documento del CED, el número de casos fatales originados por afecciones broncopulmonares (bronconeumonia) es en el Gran Santiago cinco veces mayor que en otras ciudades no contaminadas del país.
En relación a la contaminación hídrica, debe destacarse que las aguas servidas originadas por la población del Gran Santiago, se vacían directamente, sin tratamiento, en el río Mapocho y en el Zanjón de la Aguada. Cerca de 20 mil hectáreas de las 60 mil que riegan esta agua, corresponden a cultivos de hortalizas que son consumidas por la propia población de la Región Metropolitana. Por ello se explican los altísimos índices de fiebre tifoidea entre otras enfermedades, que afectan el sistema digestivo de sus habitantes.
Esta contaminación de las aguas aumenta considerablemente si consideramos la gran cantidad de desechos industriales o riles que son vertidos a las alcantarillas sin ningún tipo de tratamiento, lo que hace que éstas se tapen, provocando graves inundaciones.
Y si de inundaciones se trata, Santiago no olvidará las de 1982, 1987 y la que acaba de ocurrir. El origen de ellas está en que, por una parte, no existen instalaciones adecuadas para evacuar las aguas lluvias, por lo que al escurrir hacia el alcantarillado común, hace que éstos se copen y el agua inunde importantes arterias de la capital. Por otra parte, están los aluviones, producto de la urbanización en áreas de riesgo como son las laderas de los cerros, la cuenca de quebradas y ríos y las zonas precordilleranas. A esto debe sumarse la deforestación de esos mismos terrenos.
Un tercer tipo de contaminación, la acústica, está muy presente en la capital, con niveles de ruido que sobrepasan holgadamente el umbral recomendado para mantener la salud mental y física.
Tampoco se puede dejar de mencionar el efecto de las más de tres mil toneladas de basura que se generan cada día en el Gran Santiago. Estos desechos son depositados en dos basurales ubicados en los márgenes de la ciudad, cuya superficie sumada es de 135 hectáreas. Estos grandes receptores de basura urbana son muy perjudiciales, pues constituyen focos de infecciones y dañan nuestro medioambiente.
Y otro dato importante. Según los expertos, para contribuir a purificar el aire de una gran ciudad se necesitarían 25 metros cuadrados de áreas verdes por habitante de la metrópolis. En Santiago, sólo llega a los seis por habitante.

Segregación espacial

La dificultad de acceso a los servicios básicos de grandes sectores de la población del gran Santiago es otro serio problema. En 1979 el ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) inició un proceso de erradicaciones en gran escala, “limpiando” las comunas preferenciales de campamentos y concentrando la población en áreas periféricas normalmente sin equipamiento ni menos cercanas a fuentes de trabajo. Los traslados de población significaron entre 1979 y 1985 el desplazamiento de un 4,5% de la población intercomunal: 28.703 familias, lo que equivale a la población de la ciudad de Talca (CED, 1991).
El gran Santiago ha llegado a ser un sistema dual donde coexisten, aunque autoexcluyéndose social y territorialmente, dos culturas urbanas, dos formas de vida y dos diferentes subsistemas urbanos-regionales (opinión dada por el arquitecto urbanista Ignacio Santa María en diversos seminarios relativos a la ciudad de Santiago).
Las dificultades de desplazamiento dentro de la capital, por la congestión vehicular y otros motivos, es otro factor que perjudica la calidad de vida del santiaguino. En el presente, cada año la tasa de motorización aumenta entre un 8% y un 10%, es decir, cuatro veces más que el incremento de la tasa de crecimiento vegetativo de Santiago. Al mismo tiempo, la tasa de viajes está subiendo a 5% anual en los últimos años. Entre 1977 y 1991 el número de vehículos de todo tipo aumentó casi 50%, y más de 90% los vehículos livianos. Actualmente hay 500 mil vehículos en Santiago y se estima que para el año 2000 existirán un millón de unidades.
El tiempo promedio en que los habitantes de Santiago llegan a su trabajo es de 35 minutos. El 60% del transporte lo realiza la locomoción colectiva. En Santiago existen más de 400 líneas con un parque de 11.500 vehículos. De ellos, el 20% pasa por la Alameda y el 60% cruza por el centro de la capital. Hay 265 recorridos, con un promedio de 80 kilómetros de origen a destino, generalmente desde un extremo a otro de la ciudad. Existe un oligopolio del transporte público de alto poder político y económico. Las tarifas de los buses aumentaron un 173% entre 1978 y 1986, alcanzando entonces su punto de máxima utilidad (estado actual). Estas tarifas generan un efecto altamente regresivo afectando a los sectores de bajos ingresos. Cerca de un 30% de los santiaguinos deben gastar un 17% de su ingreso en locomoción colectiva. Hay un creciente riesgo para la seguridad física de los usuarios por la presión competitiva del sistema de libres recorridos y frecuencias y por el sueldo de choferes según el número de boletos cortados.
Por su parte, la participación de los viajes privados (automóviles particulares) ha aumentado desde un 12% en 1977 a un 20% en 1991, lo que ha contribuido notablemente en la congestión vehicular y en la contaminación atmosférica. Las fuentes móviles producen el 24% del total de partículas en suspensión respirables en Santiago.

Centralismo

Reflexionando sobre las causas de esta enfermedad urbana que aqueja a Santiago, y que afecta al país en su conjunto, es inevitable pensar en un asunto que nos pesa desde el momento mismo en que Pedro de Valdivia fundó Santiago de Nueva Extremadura: la carencia de una adecuada planificación de los asentamientos humanos, en el sentido de armonizar el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con la conservación de la naturaleza. A raíz de esto, Chile hoy siente los efectos del centralismo y de la desregulación urbana.
Cerca de cinco millones de personas están aglomeradas hoy día en Santiago. Para el año 2000 se estima que la ciudad tendrá unos seis millones de habitantes, los que en el 2020 llegarían a nueve millones. Esto, tomando en cuenta que la actual tendencia es que se estaría terminando la inmigración desde otras regiones.
La avalancha migratoria hacia Santiago, iniciada en la década del 30 por efecto de la crisis económica que desbarató los polos de desarrollo regional de esa época, tuvo su fase de mayor expansión en el período 1952-1960, durante el cual comienzan las “tomas de terrenos” por parte de los sectores populares como forma espontánea de resolver el hacinamiento. En el período 1970-1982, la Región Metropolitana presentó una tasa de crecimiento de población de 2,23 % (el país, 1,16 %), lo cual la ubica entre las tres regiones de Chile con mayor crecimiento en el período. Entre los años 1982-1987 la tasa de crecimiento de población del país fue de 1,95 % y la de la Región Metropolitana de 2,48%, valor que la ubicó en el segundo lugar respecto a las regiones que más crecen en el país.
Sin embargo, según algunos estudios recientes, desde fines de la década del 80, Santiago presenta tendencias hacia la disminución de la tasa de natalidad y a una baja de la inmigración. Esto sería producto de la formación de nuevos polos de desarrollo regional. El origen de este fenómeno estaría en la aplicación desde 1975 de un esquema económico basado en la apertura económica del país al exterior, aprovechando las ventajas competitivas. Las políticas apuntaban a fortalecer las regiones con base económica centrada en los recursos naturales.
Si bien es cierto que en 1974 se inició un proceso de regionalización y de descentralización administrativa, éste contó con serias contradicciones que obstaculizaron la consecución de los fines perseguidos. Tal como dice el documento del CED (1991), “si bien se introdujo elementos de modernización en la estructura y de gobierno interior, su base de representación y los mecanismos de participación son extremadamente restrictivos y reflejan más bien la necesidad del régimen autoritario de hacer compatible la eficiencia en la gestión pública (vía modernidad) con el control político de los actores animados por eventuales disensiones a la política oficial”.
Como corolario de la cuestionada división administrativa, es la intersección de atribuciones que nublan la asignación de las responsabilidades respecto a Santiago, entendido como un sistema. Éste abarca 32 comunas englobadas en la provincia de Santiago. Pero, la verdad es que –a excepción quizás de la periferia de Melipilla- se trata de un solo gran espacio urbano regional (Ciudad-Región), rodeado de un relativamente pequeño “hinterland” interconectado, en todo caso, con numerosos espacios internos aún no urbanizados. Tanto es así que, por ejemplo, uno de los problemas más grandes del gran Santiago, la descoordinación institucional que caracteriza la gestión metropolitana, afecta a una unidad especial que no existe en la estructura de gobierno interior y administración del Estado. La Intendencia Metropolitana –a la cual se agrega ahora el Concejo Regional- es competente para la totalidad del espacio regional urbano, pero también para la totalidad del espacio rural que compite con el urbano por suelo. Mal puede el Intendente Regional resolver los problemas (urbanos) de la zona metropolitana, sin entrar en conflicto con los intereses de las áreas aún rurales. Tampoco el gobernador provincial es competente, ya que el área intercomunal del gran Santiago comprende la totalidad de la provincia de Santiago pero también parte muy importante de las provincias de Cordillera y Maipo.

Desregulación

Otra causa de la actual condición de Santiago fue el proceso de desregulación que desde la segunda mitad de la década del 70 hasta fines de los 80 afectó a la delimitación del espacio urbanizable y al sistema de transporte público. La presión ejercida sobre la periferia de las ciudades, especialmente en el gran Santiago a fines de los años 70, por establecer nuevas urbanizaciones –por el menor costo del suelo respecto de los valores de las áreas más centrales o zonas mejor dotadas de equipamiento- introdujo una fuerte especulación de los terrenos agrícolas potenciales de ser urbanizados y crecientes desequilibrios en los espacios de la tierra. Esto, más la presión de grupos económicos interesados en nuevas inversiones inmobiliarias y, finalmente, la vehemente ideología libremercadista que no se resignaba ante la excepción urbana del modelo vigente, llevaron al Minvu en 1979 a modificar radicalmente la política de desarrollo urbano que regía hasta ese entonces. Asumiendo que el suelo urbano era un bien más, transable en el mercado, y que su libre transacción tarde o temprano terminaría por equilibrar armónicamente el precio del mismo, se dejaron sin efecto los principales instrumentos ordenadores del desarrollo urbano, los Planos Reguladores, y con ello, por ejemplo, se liberaron los límites del crecimiento de las ciudades. Con la dictación del decreto 420 se amplió el área urbanizable desde las 38 mil hectáreas de 1979 a casi 100 mil. En la actualidad, la superficie ocupada por Santiago ya alcanza las 54 mil.
En cuanto al transporte, la desarticulación entre los subsistemas de transporte público se hizo evidente. Un ejemplo de ello es la casi total desconexión entre el Metro y las líneas de la locomoción colectiva sobre tierra, en circunstancias que lo razonable es que el Metro hubiera sido el articulador por excelencia del sistema. Además, el Metro sólo transporta el 8% de la población que se desplaza por Santiago y, para que fuera rentable, los sectores que recorre deberían tener tres veces más densidad de habitantes, con el triple de ingresos.
Un tercer caso de desregulación, con graves consecuencias para la calidad de vida en la capital, lo constituye la mala localización industrial y la falta de fiscalización que haga respetar los códigos sanitarios y de salud del ambiente que existen desde la primera mitad de este siglo.
-Muchas aberraciones se han hecho so pretexto de generar desarrollo económico. Un ejemplo claro fue la instalación de la planta termoeléctrica en Renca en los años sesenta y a la cual yo me opuse entonces. Esto es una muestra de evaluaciones cortoplacistas en busca de beneficios seudoeconómicos, en que los factores ambientales y sociales no han sido tomados en cuenta- señala Juan Honold, presidente de la Comisión de Desarrollo y Medioambiente del Colegio de Arquitectos.

El plan

Después de tres años de estudios y consultas con especialistas, el Minvu entregó los lineamientos de una nueva estrategia de planificación urbana con un horizonte de 30 años. Alberto Etchegaray, ministro de Vivienda y Urbanismo, hizo un resumen de este plan durante un panel organizado por la organización “Acción ciudadana por el medioambiente” en abril pasado. La estrategia considera tres niveles: interregional, regional y metropolitano. En el primero se visualiza una macro-zona central, formada por las regiones Quinta, Sexta y Metropolitana. El segundo abarca la actual Región Metropolitana y plantea la creación de ciudades intermedias que contribuyan a la descentralización y desconcentración. El tercero es el nivel intercomunal, en donde entra el nuevo Plan Regulador de Santiago, el que se encuentra en trámite para ser aprobado por el recién electo Concejo Regional. En la versión del ministro, este nuevo plan fue producto de dos años de trabajo con consulta a 37 comunas. Consta de tres acciones: limitación de la superficie urbanizable hasta 78 mil hectáreas, aumentar en un 50% la densificación promedio de la ciudad y protección de los suelos agrícolas, por medio de la incorporación de Calera de Tango, Pirque y San José de Maipo al plan intercomunal. Medidas complementarias a estas acciones son la reforestación de las áreas urbanas (se proyecta plantar entre 15 a 30 mil árboles al año y crear más de 100 hectáreas de nuevos parques); mejoramiento del equipamiento y de los servicios en los barrios más marginados; generación de subcentros dentro del perímetro urbano; incentivo, por medio de mayor subsidio habitacional, para que las familias ocupen las zonas con baja densidad (comuna de Santiago) y quebrar la tendencia a irse a vivir a la periferia (Maipú, Las Vizcachas, entre otras); pavimentación de calles y mejoramiento del tránsito. En este punto, el ministro de Transporte, Germán Molina, también presente en el citado panel, manifestó que el principio básico es “otorgar prioridad al transporte público y desincentivar la utilización del transporte privado para su uso dentro de la ciudad”.
El Plano Regulador Metropolitano (PRM) ha sido objeto de varias críticas por parte de la comisión de alcaldes encargada de su estudio. Entre ellas –dadas a conocer por la prensa en marzo pasado-, se señala que “mantiene las tendencias actuales de densificación de la Región Metropolitana. La densificación no es un instrumento para planificar el desarrollo y la aplicación de esta propuesta significaría la definición tácita del rol de cada comuna, ubicando las áreas de servicio en la zona céntrica y continuando su despoblamiento. En tanto, las de la periferia deberían absorber una gran población”.
Por su parte, Jaime Silva, secretario regional ministerial de Vivienda y Urbanismo, responde: “Queremos cambiar suavemente las tendencias de crecimiento que tienen las distintas comunas. No es el Plano Intercomunal solo el que va a hacer un Santiago más denso en el centro y menos en la periferia; implicaría una inversión gigantesca que escapa a lo que puede hacer un plan. Nuestro plan quiere ser realista: aprovechar lo que queda de ciudad para densificar. Sería lógico pensar que las 40 ó 50 mil viviendas que se construyen en Santiago las vamos a tener en el centro”.
Entre tanto, Carlos Fuenzalida, autor del libro “Santiago, dos ciudades” y especialista en el tema, sostiene que el plan propuesto no incorpora el tema ambiental y critica la discrecionalidad del documento que “no fue consultado con organismos que tienen clara incidencia en el desarrollo de la ciudad”.
Para Ignacio Santa María, esto del PRM adolece de dos fallas importantes. Una es que, si bien es una buena intención y algo necesario, se carece de la capacidad de implementación al no existir una estructura interministerial técnica y no política que asesore a los ministerios involucrados (Vivienda, Obras Públicas, Transporte, Bienes Nacionales). Al emanar de un solo ministerio (Minvu) es incoherente, ya que la pretensión de generar los cambios, sin ninguna capacidad de recursos económicos (Ministerios de Hacienda y Economía) ni humanos (Educación, Salud), es “como quien tratara de conducir un vehículo sin controlar las ruedas ni el motor”. Propone la creación de Agencias Regionales de Urbanismo (como en Francia), que son fundaciones de bien público, compuestas de un equipo de funcionarios elegidos por las organizaciones sociales, sindicales, empresariales, educativas y políticas de la región. Su deber es gestar la ingeniería social mediante la cual los agentes urbanos toman decisiones coherentes y coordinadas. Auténticas mesas de la democracia regional, en donde se piensa y gesta el desarrollo de las potencialidades de cada región, dentro del respeto a la estrategia nacional.
El segundo error, según él, es que “se cae en el vicio de ser un plan regulador de ocupación de suelos y no lo que debería ser: un esquema de desarrollo intercomunal. Se mete en una serie de reglamentaciones propias de un plan de ocupación de suelos. Su gran error es la ambigüedad. Es de grandes esquemas y detalles, por lo que a las comunas les cae como algo estatista sobreimpuesto. Lo que pasa es que ante la inoperancia de las municipalidades, el Estado quiere intervenir en algo en que no tiene el conocimiento de terreno adecuado”.
Juan Honold, a su vez, estima que la falta de instrumentos no es el problema de fondo.
-Crear fórmulas ideales de administración siempre va a llegar tarde a los sucesos. Es necesario, pero no se puede esperar. La administración ya tiene suficientes instrumentos, lo que ocurre es que no se están ejerciendo las atribuciones que hay. Por ejemplo, ¿por qué no se ha rectificado el decreto 420? Eso debería ser rápido. Además, se debe ser consecuentes en todas las acciones. El Minvu debería buscar la forma de que los planes de vivienda social se realicen dentro del límite urbano y no sigan contribuyendo a la expansión de la ciudad. Otras acciones, como la apertura de vías en el área central de Santiago (como Santa Isabel), deberían ser motivo de acciones conjuntas de renovación urbana.
Según Honold, el ejemplo más contundente de incoherencia es la construcción de la Línea 5 del Metro por el parque Bustamante.
-La Línea 5 debiera haber sido resuelta considerando que es un elemento determinante del proceso de renovación urbana, ya que genera considerable plusvalía. Por lo demás, los 40 millones de dólares adicionales que costaría pasar el Metro por Matta-Prat se pueden recuperar fácilmente con el mismo proceso de renovación urbana que allí se generaría en un período de 10 a 15 años. Se podría localizar a lo menos unos 50 mil nuevos habitantes de clase media en ese sector. Al perderse esta oportunidad significa agrandar la periferia en unas 100 hectáreas más, con la consiguiente pérdida de suelos agrícolas y costos que implica la expansión de las redes de servicios básicos.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Medioambiente del Colegio de Arquitectos, por su parte, piensa que en una democracia se puede hacer mucho, pero que “hay que hacer lo que se debe hacer”.
-Las políticas del Estado deben conducir a acciones y no a simples formulaciones. Si los planteamientos básicos no van acompañados de acciones consecuentes, el sector privado, que es el encargado de hacer la renovación urbana, recibe malas señales y no se orienta –explica Honold.
Todos coinciden en señalar el fomento intensivo de la regionalización como un elemento indispensable para solucionar los problemas que ha generado el mal desarrollo santiaguino y en incorporar la democracia local y comunal en la toma de decisiones de planificación urbano; asuntos hoy ausentes.
Junto a esto, hay acuerdo en la necesidad de aprender de los errores del crecimiento de Santiago para que éstos no se repitan en otras ciudades del país en vías de convertirse en futuras metrópolis, como Concepción, Temuco, Puerto Montt, Antofagasta, Copiapó, entre otras.
(Publicado en la revista el canelo Nº 43, mayo 1993, páginas 2 a 5)

Enrique Leff, teórico ambientalista mexicano

El papel del ecologismo en la construcción de una democracia ambiental

Por Cristian Sotomayor Demuth

Con voz grave, profunda, habla lentamente pero casi sin pausas. Enrique Leff es un mexicano con pinta de gringo. Viste estricto terno y corbata, aunque por debajo de la manga asoma una delgada pulsera artesanal que lo delata. Y es que su generación es la del mayo francés, de la revolución de las flores y del hippismo. El mismo fue dirigente estudiantil del movimiento de 1968 en México, ése que tuvo un trágico descenlace con la matanza de jóvenes por fuerzas militares en la plaza de Tlatelolco.
Esa época le significó un drástico giro que cambiaría totalmente el rumbo de su vida. De la preocupación por temas técnicos restringidos, propios de su carrera de Ingeniería Química, pasó a interesarse ciento por ciento en la cuestión social. Por ello, sus estudios de postgrado en Francia los realizó en Ciencias Sociales. Es allí donde, en 1969, conoció los planteamientos del ecodesarrollo, debido a los preparativos de la primera Conferencia Mundial sobre Medioambiente, que se llevaría a cabo en Estocolomo en 1972.
Una vez terminados sus estudios, volvió a México y fue contratado por la Universidad Nacional Autónoma, lugar en que realiza su producción teórica acerca de la ecología, la crisis ambiental y la democracia. Desde hace seis años está encargado de coordinar la Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe, iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUMA), cuya sede se encuentra en Ciudad de México. Su función es asesorar a gobiernos, universidades y a la sociedad civil para efectuar actividades formativas, entendidas como proceso de generación de nuevo conocimiento a través de los valores del medioambiente y del desarrollo sustentable.
En este asunto el canelo lo encontró en Santiago en marzo pasado, en el edificio de la Cepal, participando en la octava Reunión Ministerial sobre el Medioambiente en América Latina y el Caribe, de la cual la Red de Formación Ambiental conforma uno de los programas prioritarios. Como buen funcionario internacional que es, insistió en que sus respuestas son sólo a título personal. Aquí van.

-Actualmente se señala que Chile y México son modelos entre los países en vías de desarrollo. ¿Cree usted que efectivamente el modelo aplicado en estas dos naciones es ejemplo que debiera ser imitado por el resto de los países del tercer mundo?


-Yo no creo que las políticas económicas exitosas sean modelos para exportación. Las experiencias de Chile y México han sido exitosas ya que en un caso han reactivado el crecimiento económico y en el otro han estabilizado la inflación; pero antes que verlos como una panacea, habría que analizar las condiciones que permitieron el éxito de esas políticas de ajuste; sus efectos en el empleo, en la distribución regresiva del ingreso y en el avance de la pobreza, así como las condiciones para que éstas transiten hacia un proceso sostenido de desarrollo sustentable y equitativo. El éxito en el corto plazo de estas políticas no garantiza de antemano lo anterior; la estabilización monetaria no se ha traducido claramente en la reactivación de las inversiones productivas, en una reconversión industrial hacia tecnologías limpias, en un ordenamiento ecológico de la producción ni en la gestión participativa de la población rural y de la ciudadanía de sus recursos ambientales. La estabilización monetaria tiende a darse a costa de una mayor polarización y una concentración del ingreso, de una concentración de los capitales y las inversiones a costa de las pequeñas y medianas empresas, de un descenso de los salarios reales de las clases medias y un incremento de la pobreza y la miseria crítica. Por su parte, no está probado que las políticas neoliberales sean las únicas ni las mejores para valorizar y potenciar el patrimonio de recursos naturales y culturales de los pueblos de América Latina y para promover el desarrollo sustentable. Dudo que la liberalización del comercio y mecanismos ciegos del mercado sean capaces por sí solos de reestablecer los equilibrios ecológicos y la justicia social, por lo que es necesario explorar otras estrategias y políticas para poner en práctica los principios de la gestión ambiental y la construcción de una racionalidad productiva alternativa.

-En nuestro país, gobierno y empresarios están empeñados en convencernos de que el modelo de desarrollo vigente puede ser sustentable. ¿Es ello una desvirtuación del concepto original de desarrollo sustentable expuesto por la Comisión Bruntland?

-No creo que el interés de los gobiernos y los empresarios por apropiarse el concepto de desarrollo sustentable dentro del modo de desarrollo vigente desvirtúe el concepto formulado por la Comsión Bruntland. En realidad no es sino una consecuencia de un proceso que ya se perfilaba en Nuestro Futuro Común, como un propósito de subsumir y normalizar la cuestión ambiental dentro de la racionalidad económica y productiva dominante. Claro, todo ello sin negar las reivindicaciones de la sociedad por una mayor democracia y participación, y reconociendo los nuevos derechos ambientales, incluyendo los de las poblaciones indígenas y las demandas de equidad de los países del sur en los procesos de globalización económica. Con los trabajos de la Comisión Bruntland se buscaba diagnosticar hacia mediados de los 80 el avance de las políticas ambientales para revertir los procesos crecientes de degradación que se fueron acentuando desde la Conferencia de Estocolmo y la emergencia de nuevos problemas ambientales. Pero al mismo tiempo, la recesión económica de los años 80 y la crisis de la deuda financiera de los países del sur (principalmente de América Latina) hacían aparecer al problema económico como más apremiante que el deterioro ambiental.
"Al no percibir claramente las interdependencias entre esa racionalidad económica y la degradación ambiental, al no poder imaginar una racionalidad alternativa capaz de potenciar e integrar a los procesos ecosistemáticos conservadores y productores de recursos en estilos alternativos de desarrollo, la tendencia dominante ha sido conjugar el binomio medioambiente y desarrollo dentro de la racionalidad económica dominante. De esta forma se ha impuesto una visión neoliberal del concepto de desarrollo sostenible que busca convencer que las leyes del mercado y el libre comercio son los mecanismos más idóneos para promover el reestablecimiento de los equilibrios ecológicos y la equidad social, como si éstos no hubieran guiado anteriormente un crecimiento económico antinatura y generado un ambiente degradado como externalidad del sistema económico. Este discurso dominante del desarrollo sostenible busca desplazar al discurso crítico y propositivo del ambientalismo".

-¿Se han puesto realmente verdes los empresarios latinoamericanos o se trata aún de la utilización del discurso ecológico como herramienta de marketing?

-Se percibe una presión hacia la reconversión tecnológica en las industrias, hacia el desarrollo de tecnologías limpias, pero como ello implica un costo que habría que descontar de la tasa de ganancia, el cambio es lento, y como en algunos casos es reemplazado por procesos de simulación, por disfraces ideológicos, aparecen como parapeto ante los embates del ambientalismo, más que como una herramienta de marketing. Aunque hay que reconocer también la emergencia de nuevas ramas de la industria productora de productos "ecológicos" y biodegradables y no faltan los intentos de mostrar en la práctica que el ambiente es una oportunidad más que un costo de la producción.
"El ambientalismo se ha convertido en un juicio ético y una normativa del Estado, cuyas sanciones jurídicas y morales buscan evitar los empresarios. En todo caso, sea por la presión social sobre las conciencias, sea por la aplicación de normas ecológicas, los empresarios latinoamericanos se están viendo presionados a disminuir sus impactos negativos sobre el medioambiente y a sumarse a la corriente de cambios hacia el desarrollo sustentable; es un proceso de intereses contradictorios, donde se contraponen los valores del ambiente a la compulsión hacia la maximización de la ganancia por la vía de la sobreexplotación de la naturaleza".

-Después de la Cumbre de Río se ha visto un intento por controlar y "domesticar" la movilización ecologista por parte de los organismos públicos e intergubernamentales. La experiencia de los movimientos sociales cooptados por los aparatos político-estatales muestra cómo esas ansias de cambio terminan siendo aplacadas. ¿Le parece que sea así? ¿Cuál es el rol de las Naciones Unidas en este fenómeno?

-El intento por "controlar y domesticar" la movilización ecologista por parte del Estado y los organismos internacionales es anterior a la Cumbre de Río y es resultado de las luchas de poder entre el Estado y los intereses establecidos frente a la expresión y manifestaciones de disidencia y el cuestionamiento de la sociedad civil organizada en torno a los problemas ambientales. Yo diría que hasta cierto punto es un hecho político normal. Lo que allí se pone en juego son las estrategias de poder de los poderes establecidos frente a las estrategias de transformación del movimiento ambientalista, y donde no cabe juzgar la falta de paternalismo o proteccionismo del Estado hacia los grupos ecologistas: son ellos los que deben definir sus estrategias de poder, su sentido transformador y sus luchas de resistencia frente a la capacidad cooptadora o dominadora de los poderes establecidos. Es el propio movimiento el que debe mostrar su eficacia en la participación de la sociedad en la gestión de los recursos ambientales.
"Las Naciones Unidas han reconocido la demanda de la sociedad civil de participar en los procesos de toma de decisiones y en los cambios políticos de nuestro tiempo. El Pnuma creó así un foro que vincula a diversos organismos no gubernamentales e instituyó el premio Global 500 para reconocer e impulsar las acciones y proyectos ambientales de investigadores y grupos de la sociedad civil. Sin embargo, no compete a las Naciones Unidas intervenir en los procesos políticos internos de los países, donde se está definiendo el papel del movimiento ambiental y del Estado en la transición hacia la democracia y el desarrollo sustentable".

-El catedrático español Antonio Colomer, en una ponencia que publicó el canelo, afirmó que "hoy vemos unas sociedades donde el tejido asociativo está absolutamente desarticulado y donde el crecimiento opresivo de las estructuras del Estado es cada vez mayor". ¿Coincide usted con este diagnóstico?¿Cómo se relaciona con esta problemática el tema de "ecología y democracia"?

-Pienso que habría que matizar ese supuesto carácter crecientemente opresivo del Estado, y su acción desarticuladora del tejido social. Esto sobre todo cuando se está avanzando (no sin contradicciones y retrocesos) en una tendencia hacia la democracia en América Latina, que busca dejar en el pasado los regímenes totalitarios, autoritarios y dictatoriales que han prevalecido en muchos países de la región. Sin embargo, la globalización de la economía y su penetración en todos los intersticios de la sociedad, han transformado muchas formas de vínculo social, de identidad cultural, de arraigo a prácticas tradicionales de producción, comunicación, convivencia, creando un nuevo tejido social cohesionado en torno a los valores del mercado y la globalidad. De allí surge una respuesta social por la democracia, por la descentralización económica, por la diversidad cultural y por la desconcentración de los poderes homogenizantes. Es este nuevo tejido social el que se encuentra desarticulado en espacios de solidaridad local y democracia restringida. Esto no sólo se debe a una voluntad desarticuladora del Estado, sino a las estrategias del propio movimiento ambiental. El ecologismo se manifiesta crítico de los poderes establecidos y prudente ante cualquier forma de asociación con el Estado y con los partidos políticos. De esta forma ha definido sus estrategias de poder en espacios locales y restringidos de actuación; en muchos casos se viene manifestando como un movimiento reactivo y denunciativo, más que como un movimiento orientado a construir una nueva racionalidad social y productiva y a constituir un frente común que articule esas acciones locales en nuevas formas solidarias de asociación a nivel global.
"El que el Estado esté en vías de democratización y de adelgazamiento, no implica que esté dispuesto a ceder el poder centralizado hacia las iniciativas descentradas y los poderes locales de la sociedad. Estamos viviendo las controversias y disyuntivas de la flexibilización y fraccionamiento de los grandes poderes federados frente a las demandas de autonomías nacionales, regionales, locales y religiosas, cuyos riesgos han puesto de relieve la crisis y transformación de los países de Europa del Este".
"Toca al propio movimiento ecologista, en su proceso emancipatorio, transitar de su revuelta contra el autoritarismo del Estado y de su papel reactivo, hacia la elaboración de estrategias de poder que vayan flexibilizando y democratizando al Estado, y nuevas estrategias productivas, que vayan desconstruyendo los mecanismos del mercado para incorporar los potenciales ecológicos, tecnológicos y humanos a los procesos de una producción sustentable. El ecologismo o ambientalismo no sólo se relaciona de múltiples formas y de manera muy directa al proceso de transición hacia la democracia, sino que aporta importantes bases y principios a un nuevo concepto de democracia. El ecologismo reivindica las luchas sociales contra todo tipo de poder autoritario y centralizado, por la paz y la defensa de la naturaleza y por los derechos de los hombres a participar en las decisiones que afectan sus condiciones de vida y sus futuros posibles. Pero el derecho por la calidad de vida y por la participación de la población en la gestión de sus recursos ambientales ofrece criterios de movilización y participación que van más allá de los que establecen las democracias representativas, apuntando hacia un concepto de democracia directa y participativa".
"En ellas se incluyen no sólo el compromiso con las generaciones futuras, sino también la reivindicación de la diversidad cultural y por la facultad de intervenir en la construcción de futuros posibles, antes de asumir pasivamente los dictados de los mecanismos omnipresentes del mercado como Ley Suprema de la naturaleza y de la sociedad. La democracia ambiental plantea así no sólo el reconocimiento del patrimonio natural y cultural de los pueblos, sino que induce un proceso de reintegración y reapropiación de la naturaleza como base de sustentación de la vida y como medio de producción. En este sentido, la socialización de la naturaleza va de la mano con una democratización de la producción y una redistribución de los bienes de la naturaleza entre los hombres".

-¿Es el ecologismo una alternativa política para Latinoamérica y para el mundo?

-El que el ecologismo sea o se convierta en una alternativa política para Latinoamérica y para el mundo depende de cómo se le defina. Un ecologismo que no sea más que un marco normativo con criterios y límites de sustentabilidad para la producción no dejará de ser un campo de externalidad y de ocupar un espacio político marginal, que de alguna forma quedará subsumido o asimilado a la racionalidad económica y al poder político prevaleciente. El ambientalismo dejaría de ser crítico y propositivo de nuevas causas y nuevas utopías sociales; dejaría de ser un movimiento "alternativo" para ser tan sólo una dimensión más del desarrollo.
"El ambientalismo ha sido caracterizado como un síntoma de una crisis de civilización y ha establecido principios éticos y productivos para la construcción de una nueva racionalidad social. De la manera cómo estos principios sean movilizados y se conviertan en una nueva praxis, dependerá el que el ecologismo sea motor de importantes cambios sociales, políticos y productivos, o que permanezca como uno más de los nuevos movimientos sociales con espacios restringidos de actuación que enriquecen la cultura política, pero que no aparecen como procesos de transformación del nivel global. Para ello, las reivindicaciones ecologistas deberán pasar de sre demandas conservacionistas y locales, para insertarse en las luchas y reivindicaciones globales de emancipación de la humanidad, de creación de nuevos sentidos civilizatorios, que enriquezcan la transición democrática más allá de su carácter electoral y representativo y construyan una nueva racionalidad productiva que libere la creatividad del hombre, los potenciales de la naturaleza y los sentidos de la existencia de las pautas y a los grados de libertad que establecen las leyes ciegas del mercado".
"Más aún, para convertirse en una alternativa política, el ecologismo debe arraigarse socialmente y mostrar su capacidad para resolver los grandes procesos de degradación socioambiental, incluyendo en ellos la erradicación de la pobreza, la satisfacción de las necesidades básicas y la elevación de la calidad de vida de las mayorías. El ambientalismo deberá dejar de ser un movimiento "anti" para ser motor de nuevos estilos de desarrollo que democraticen la producción, el acceso a los recursos y la toma de decisiones, permeando los idearios políticos y los programas de gobierno. Sólo así el ecologismo transitará hacia un movimiento social de masas fincado en los valores y potenciales de la naturaleza y en una nueva solidaridad entre los hombres.

-¿Cuál es el objetivo de la formación ambiental?

-La importancia de la apropiación social del saber, que es lo que posibilita como un recurso estratégico fundamental la apropiación social de la naturaleza, la apropiación socialmente sancionada, orientada hacia la equidad social, la justicia social. Obviamente, detener el deterioro ambiental, pero sobre todo repensar los factores de la producción, los factores del desarrollo y pensar que es posible ver el medioambiente no como restricción del desarrollo, del crecimiento económico, sino como un posible nuevo potencial... Un proceso de desarrollo mucho más descentralizado, que haga coincidir los criterios políticos de una democracia ambiental, en el sentido de una democracia directa, participativa, con nuevos medios de producir y distribuir riquezas, considerando no solamente la diversidad ecosistémica del planeta, sino también la enorme riqueza cultural que conforman las etnias, los distintos grupos sociales, los distintos países de la Tierra, la múltiple y heterogénea raza humana.

(Publicado en la revista el canelo Nº43, en mayo de 1993. Páginas 33 a 35).

Autoconstrucción por ayuda mutua

Una alternativa solidaria para la vivienda social
Por Cristian Sotomayor
Desde 1991 una sociedad de profesionales llamada Taller Norte viene desarrollando, en comunas populares de Santiago, programas de mejoramiento habitacionales con densificación, a través de métodos de construcción por ayuda mutua. Estas son las primeras experiencias concertadas entre pobladores, particulares, municipios y organismos públicos desde 1973.
Cuando a la señora María Farías le propusieron, en una reunión en la junta de vecinos efectuada en diciembre de 1990, que se incorporara a un proyecto piloto de construcción por ayuda mutua, ella se mostró muy escéptica. Fue Juan, su yerno, quien vivía con su esposa e hijo, allegado en su terreno, el que la convenció para que participara. Doña María había llegado a Peñalolén en 1971 y ahora vivían cinco personas en un par de mediaguas, de esas del Hogar de Cristo.
Juan asistió durante cuatro meses al taller ubicado cerca de la población. Allí aprendió nociones básicas de construcción y ayudó en la prefabricación de las "locetas" que servirían de muros. Una vez finalizado esto, se armaron los grupos de ayuda mutua y comenzó la obra.
Entretanto, doña María se incorporó a un comité que las 18 familias beneficiadas organizaron para juntar dinero, a través de distintas actividades y así poder adelantar la obra, en espera del subsidio que se demoró en llegar.
-Cuando veía que los meses pasaban, varias veces pensé retirarme, pero Juan insistió en que prosiguiéramos- confesó doña María.
Los grupos de ayuda mutua trabajaban guiados por los maestros todos los sábados y domingos y ya, por fin, las casas estuvieron listas en septiembre de 1991. Para la construcción de los segundos pisos se utilizó el reciclaje de la madera de las antiguas viviendas. La casa de doña María cuenta con 42,16 metros cuadrados y la de Juan con 32,30.
El costo de cada casa fue de entre 110 y 120 UF, de las cuales la familia colocaba un ahorro de 5 UF. El resto lo financió con créditos de Peñasol, subsidio estatal y aportes del gobierno griego.
-Todo el proceso fue rico; hubo unión entre la gente y tuvimos bastante convivencia- cuenta doña María-. Es bueno que la gente participe porque no es lógico que esperen a que se lo hagan todo o le regalen las cosas. Todos tienen que poner un grano de arena y así se avanza más rápido.
En la segunda etapa de este proyecto, entre febrero y agosto de 1992, se trabajó con 15 familias más de Peñalolén. Esta fue más rápido ya que el subsidio y crédito estatal llegaron a tiempo.
Como una continuación de esta experiencia piloto, Taller Norte realiza actualmente un programa de densificación con mejoramiento habitacional para 100 familias en la comuna de San Joaquín.
La historia chilena de la autoconstrucción
Una de las primeras manifestaciones de autoconstrucción de viviendas por ayuda mutua en sectores populares ocurrió en los comienzos del presente siglo, entre algunas iniciativas que surgieron de los propios obreros, organizados en cooperativas de construcción en algunas ciudades del país.
-En la génesis de esas iniciativas influyó el pensamiento anarquista, el cual contaba en esa época con varios representantes en Chile- comenta Víctor Basauri, coordinador de Taller Norte.
Posteriormente, la autoconstrucción con ayuda mutua reapareció, como acción concertada, en la década del 50.
-Con la crisis económica de los años 30 -relata Basauri- comenzó una avalancha migratoria hacia Santiago, que se llenó de poblados populares que ocupaba terrenos en situación ilegal y con pésimas condiciones sanitarias. Este problema reventó en la década del 50 y se llevaron a cabo varias tomas de terrenos fiscales, como los campamentos San Gregorio y José María Caro. Estas acciones contaron con el respaldo de la Iglesia Católica, de las agrupaciones de estudiantes universitarios y de los partidos populistas.
Ante esta realidad, el gobierno de Ibañez (1952-58) impulsó el Programa de autoconstrucción y ayuda mutua, que tuvo su origen en los convenios de cooperación técnica entre los gobiernos de Chile y Estados Unidos. El objetivo era realizar programas cooperativos de vivienda con la posibilidad de que las familias contribuyeran con su trabajo en la autoconstrucción de sus casas. Existía un beneficio recíproco entre los participantes y contaba con la ayuda de una entidad externa al grupo, de origen estatal, municipal o privada.
En el siguiente período de gobierno (Alessandri, 1958-64), se continuó con algunos indicadores de autoconstrucción concertada, pero es con el régimen democratacristiano (Frei, 1964-70) que la autoconstrucción con ayuda mutua pasó a ser parte de la política habitacional del país para los sectores de bajos ingresos. Esta tendencia se explica por la influencia que tuvieron en el humanismo cristiano los teóricos de la autogestión.
El ejemplo más conocido, pero no único, es la Villa La Reina en la comuna de ese nombre en Santiago, en que los pobladores asociados con el municipio construyendo sus casas por autoconstrucción con la asistencia técnica de aquél y una empresa de trabajadores (Imporei), productora de materiales de construcción.
Esa experiencia puntual es la base de la Operación 20.000 a fines de los sesenta, que consistió en organizar comunidades de pobladores a lo largo del país para que autofabricaran y montaran elementos y complejos de viviendas industrializadas, con la posibilidad de que formaran posteriormente empresas populares independientes. Estos programas fueron asistidos técnicamente por la Corporación de Servicios Habitacionales (Corhabit), hoy desaparecida.
Al inicio del gobierno de Allende, el problema de la vivienda social se definió como labor del Estado y las iniciativas asociativas de autoconstrucción y ayuda mutua se vieron con desconfianza y como competitivas al trabajo legítimo del trabajador de la construcción.
-Al comienzo del gobierno de la Unidad Popular se dijo que significaba una sobreexplotación para la gente. Yo -indica Basauri- era director regional de la Corhabit y el Ministerio de Vivienda no nos dejaba hacer autoconstrucción. Sin embargo, como las tomas de terreno continuaron y la gente pedía participar, se reanudó. Ya para 1972-73 estábamos todos de acuerdo en que sin autoconstrucción el problema habitacional no se iba a resolver.
Ejemplos son los Planes 20.000, que continuaron en Arica, Talca y otras ciudades que mantenían la participación y la ayuda mutua. Las experiencias de campamentos como Nueva La Habana, generaron dinámicas positivas en lo que se refiere al mejoramiento del hábitat barrial, la construcción de la vivienda y la planificación local participativa con apoyo de las universidades.
El 11 de septiembre de 1973 se cortaron. Éstas venían abriendo caminos novedosos y únicos en las producción de la vivienda social. Autoconstrucción, ayuda mutua, asistencia técnica gratuita, participación popular, control social, apoyo solidario pasaron a ser palabras prohibidas y sediciosas.
Sin embargo, el creciente déficit habitacional, las crisis económicas y la movilización popular contra la dictadura hicieron que al inicio de la década del 80 reapareciera la autoconstrucción por ayuda mutua. Pero esta vez de la mano de organizaciones no gubernamentales, vinculadas a los partidos políticos opositores y a la Iglesia Católica. Estos contaban con recursos provenientes de agencias internacionales de desarrollo. Estas iniciativas se multiplicaron en las poblaciones periféricas y marginales a raíz del terremoto de 1985 y de las inundaciones en 1987. Desde aquí las ONGs de vivienda entraron en proceso de acercamiento a la formalidad en las cuestiones financieras y en la legalidad normativa municipal. Sólo hacia el término de la dictadura hubo tímidas tentativas de alcaldes, como en La Florida y Peñalolén, para que algunas ONGs implementaran actividades de construcción por ayuda mutua en ciertas poblaciones.
Con el retorno al sistema democrático de gobierno, la construcción por ayuda mutua vuelve a tener posibilidades de convertirse en programas concertados entre agrupaciones de beneficiarios, organizaciones sociales, ONGs, universidades, municipios y organismos públicos. No obstante, este proceso ha sido lento y no sin dificultades.
-Lo que sucede -explica Basauri- es que, por una parte, el actual sistema que ha heredado el Ministerio de Vivienda (Minvu) consiste en un simple traspaso de los fondos hacia las empresas privadas lucrativas que construyen las viviendas sociales, sin ninguna participación de los beneficiarios. Por otro lado, a las ONGs de vivienda también les ha costado adecuarse a la nueva realidad de formalización y disminución de los recursos extranjeros. Pero -continúa Basauri- la cosa empieza a mejorar, ya que el Minvu ha comenzado a dar señales positivas. Por ejemplo, parece que se estarían cambiando algunos decretos tendientes a considerar la alternativa de la construcción por ayuda mutua, para lo cual es fundamental que junto con los préstamos y subsidios para la construcción, se cuente con financiamiento para la asistencia técnica que otorgan las ONGs de vivienda.
(Publicado en el canelo Nº 43, mayo de 1993, páginas 40 y 41, sección Experiencias)