domingo, septiembre 20, 2009

Implacable represión policial a Contra-Parada Militar 2009


Con algunos detenidos y varias personas mojadas por el lanza aguas de Carabineros -incluido el periodista de Chilevisión- fue frenada la marcha que desde mediodía realizaba la Contra-Parada Militar 2009, actividad que por segundo año organiza la Brigada de Acción Directa No Violenta.

Tres buses repletos de carabineros, un carro lanza aguas y un vehículo escupe gases detuvieron el desfile que a mediodía de hoy sábado se aprestaba a comenzar. Un centenar de personas -la mayoría adolescentes, jóvenes y mujeres con niños pequeños- fueron rodeados por fuerzas especiales de Carabineros en la explanada ubicada al frontis de la Estación Mapocho.

El ambiente festivo, que incluía disfraces, instrumentos musicales, expresiones artísticas y pancartas en contra de las guerras y a favor de la no violencia, fue progresivamente poniéndose tenso a raíz de la amenazante presencia policial a un costado del río Mapocho, en pleno centro de Santiago.

Según los organizadores de esta segunda Contra-Parada Militar, la Brigada de Acción Directa No Violenta (Bria Di Novi), habían llegado a un acuerdo con Carabineros para marchar pacíficamente por una ruta que no incluía calles ni cortes de tránsito. Sin embargo, cerca de las 12 del día y cuando el grupo de jóvenes se aglutinaba tras el lienzo oficial, llegó el Mayor de Carabineros Néstor Ruiz -de la Primera Comisaría- que desconoció el supuesto acuerdo y señaló que la manifestación no contaba con la autorización de la Intendencia Metropolitana.

En vistas a que la posición de Carabineros era intransigente, los organizadores decidieron utilizar la estrategia de ir en pequeños grupos para volver a reunirse en el paseo Puente, junto al Mall del Centro. Una vez allí, los manifestantes iniciaron una marcha al ritmo de tambores, cornetas, con saltos y cánticos antimilitaristas. Al llegar a la Plaza de Armas, el grupo fue detenido por el carro lanza agua en la esquina de calle Compañía, en donde fueron detenidos tres integrantes de la comparsa y varios más recibieron los chorros de líquido tóxico, entre ellos el periodista de Chilevisión Daniel Castell– que reporteaba el evento.

Finalmente, y luego de volver a parlamentar con Carabineros, la actividad terminó con una ronda y un ritual por la paz en el centro de la Plaza de Armas. El Ciudadano estuvo en todo momento acompañando los hechos y durante la semana les entregaremos una completa nota audiovisual.

Al recoger impresiones de la gente que pasaba por el lugar, nos encontramos con toda la gama de opiniones, desde quienes señalaron que cualquier manifestación contra el militarismo implica facilitar una potencial invasión peruana (entre Argentina, Bolivia, Chile y Perú, el único país que ha invadido a uno de estos vecinos es el nuestro, que ocupó y saqueó gran parte del territorio peruano), pasando por aquellos que defendieron el derecho a expresarse y manifestarse pacíficamente en los espacios públicos, hasta personas que indicaron que es una vergüenza que un país con tantas necesidades sociales se de el lujo de gastar sus recursos en armamentismo (Chile es el país con mayor gasto militar per cápita de Latinoamérica).

Por último, las jóvenes de la Bria Di Novi afirmaron que el derecho a manifestarse en lugares públicos de manera no-violenta y sin necesidad de contar con previa autorización burocrática, es una prioridad que requiere ser asumida por todos los movimientos sociales y políticos «progresistas» de Chile. Y que esta reacción desmesurada de la autoridad, da cuenta de la impronta prusiana-fascistoide del Estado chileno; por lo que la expansión de la cultura antimilitarista y de resolución no violenta de los conflictos es una tarea lenta y de largo plazo. Así y todo están convencidas de que año a año esta Contra-Parada Militar será cada vez más masiva y convocante.

Por Cristian Sotomayor

El Ciudadano 20/09/2009

viernes, agosto 28, 2009

Chile en deuda con la República Árabe Saharaui Democrática


El pasado 29 de julio, la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, aprobó un acuerdo -que bien podría catalogarse de histórico-, solicitando a la presidenta de nuestro país, Michelle Bachelet, el reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y el establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Esta petición tiene la finalidad de terminar con lo que el diputado -PS- Sergio Aguiló ha catalogado como la “deuda histórica de solidaridad de Chile con la RASD”. El miembro del comité central del partido de la Presidenta, opina que los antiguos exiliados de la dictadura militar chilena le deben una vuelta de mano al Frente Polisario, principal representante político de la RASD.

“Apoyar a los saharauis no es sólo contribuir con la ayuda humanitaria, es también, y prioritariamente, actuar de forma políticamente activa para que el estado marroquí –que ocupa el territorio saharaui desde 1975- respete la Ley, los derechos humanos y los acuerdos internacionales firmados ante Naciones Unidas”, indicó Aguiló.

El congresista agregó que la tardanza del gobierno chileno para reconocer a la RASD se debe a que junto al «lobby» marroquí está también el gobierno de España.

En su sesión 56ª, del miércoles 29 de julio, la Cámara de Diputados aprobó formalmente el Proyecto de Acuerdo 826 presentado por 80 diputados de todas los bancadas parlamentarias, solicitando a la Presidenta de la República el reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y el establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Dado el alto nivel de consenso que suscitó el acuerdo, los presidentes de los comités parlamentarios se pusieron de acuerdo de adelantar su votación y procedieron a aprobarlo. Votaron a favor 69 diputados, ninguna abstención y cuatro en contra.

Posteriormente el Presidente de la Cámara, el diputado Rodrigo Álvarez, recibió al ministro de Relaciones Exteriores de la RASD, Salem Ould-Salek, con el cual comentó los alcances de esta histórica resolución. Junto al Canciller se encontraban presentes los diputados Sergio Aguiló y Roberto León, activos impulsores del acuerdo y los dirigentes de la Asociación Chilena y Latinoamericana de Amigos de la RASD, Gabriel Pozo y Esteban Silva.

Por su importancia publicamos íntegramente el acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados chilena.

PROYECTO DE ACUERDO


Considerando:

Que desde 1975, tras la retirada de España de su antigua colonia en el Sahara Occidental, el Reino de Marruecos procedió a ocupar militarmente dicho territorio dando origen a un conflicto que mantiene enfrentado a dicho país con el Frente Polisario, legítimo representante del pueblo saharui, habitante ancestral de los mencionados territorios.

Que con motivo de la guerra contra la ocupación extranjera, el pueblo ha debido enfrentar graves y sistemáticas violaciones a sus derechos humanos por parte de las fuerzas de ocupación extranjera.

Que el Sahara Occidental es considerado por las Naciones Unidas como un territorio no autónomo, por lo cual viene solicitando la descolonización conforme a la Resolución 1514 (XV) de 1960, en la que se consagra la concesión e independencia a los países y pueblos coloniales.

Que la Asamblea General de la ONU, con el voto favorable de Chile, ha aprobado anualmente a la fecha un importante número de Resoluciones concernientes al Sahara Occidental, en todas las cuales ha reafirmado el derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia de acuerdo a la carta de la ONU.

Que el Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado 50 Resoluciones sobre la materia, en todas de las cuales se han reafirmado los términos de la resolución 1514 de la Asamblea General ya citada, y desconocido cualquier derecho de soberanía.

Que la Corte Internacional de Justicia, en dictamen de 1975, estableció rechazar las reivindicaciones territoriales marroquíes sobre los referidos territorios y reafirmó el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia nacionales.

Que en 1976, el Frente Polisario declaró la independencia de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

Que la RASD es país miembro de pleno derecho de la Unión Africana y es actualmente reconocida por 82 Estados en el mundo, la mayoría de los cuales, mantienen relaciones simultáneamente con la RASD y con el Reino de Marruecos.

Que el primero de septiembre de 1999, la Cámara de Diputados de Chile aprobó un Proyecto de Acuerdo Nº 296, solicitando al Presidente de la República el reconocimiento de la RASD y el consiguiente establecimiento de relaciones diplomáticas.

Que el 30 de noviembre de 1999, el entonces canciller de Chile, Juan Gabriel Valdés, comunicó mediante carta oficial al Canciller saharui la decisión del Presidente de Chile de «reconocer a la República Árabe Saharaui Democrática».

Que con fecha 3 de octubre de 2007, 63 diputados pertenecientes a todas las bancadas parlamentarias de la Cámara de Diputados solicitaron a la Presidenta de la República el reconocimiento de la RASD y el establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Que la República de Chile ha respaldado histórica y consistentemente en los foros internacionales los principios de autodeterminación, descolonización e independencia de los pueblos.

La Cámara de Diputados resuelve:

Solicitar encarecidamente a su Excelencia la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, por razones históricas constitutivas a la nación chilena, honrar la palabra de Chile, procediendo al más rápido reconocimiento de la RASD y el consiguiente establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

APOYO DE LA SOCIEDAD CIVIL


Varias organizaciones vinculadas a la promoción y defensa de los derechos humanos de Chile, junto con la Federación Palestina, han solicitado lo mismo en los siguientes términos:

«Las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos de la población saharaui en los territorios ocupados, cometidas por las fuerzas de ocupación desde 1975, constituyen una alta preocupación que ha sido expresada durante el 2008 y nuevamente el presente año, por todas las organizaciones de derechos humanos, tales como Amnistía Internacional, Human Right Watch, Federación Internacional de DDHH y la Organización Mundial contra la Tortura, junto al informe de la importante delegación del Parlamento Europeo, que visitó recientemente los territorios bajo ocupación ilegal.

Chile debe sumar su voz para exigir que cese la tortura en las zonas ocupadas, las detenciones y encarcelamientos arbitrarios, los juicios sumarios, la liberación inmediata de los presos políticos saharauis y pedir que aparezcan los más de 526 detenidos desaparecidos.

El establecimiento de relaciones diplomáticas con la RASD, restablecerá el equilibrio entre Chile y los dos países en conflicto. Es una cuestión de justicia y de contribución a la paz y a la defensa de los derechos humanos. Tanto Marruecos como la República Árabe Saharaui Democrática tienen embajadas en las mismas capitales en más de quince países, como México, Venezuela, Argelia, Sudáfrica, Nigeria, Angola, Kenia, Etiopía, entre otros».

ÚNICA NACIÓN ÁRABE DE HABLA HISPANA

La República Árabe Saharaui Democrática (RASD), también conocida como «Sahara Occidental», se encuentra situada en el noroeste del continente africano. Tiene fronteras al norte con Marruecos, al este con Argelia, al este y al sur con Mauritania y se encuentra a 100 kilómetros de las Islas Canarias. Tiene una superficie de 226.000 kilómetros cuadrados, con una población estimada de más de 350 mil personas.

Sus principales recursos son el fosfato, el petróleo, gas natural, hierro, uranio. La RASD tiene una costa de más de 1.600 kilómetros, considerada la más rica del mundo en biodiversidad y fauna marina. Por la importancia de sus riquezas -considerada diez veces más que Kuwait- y su baja densidad poblacional, la RASD ha sido objeto del expansionismo de su vecino del norte: el Reino de Marruecos.

La cuestión del Sahara Occidental es una cuestión de descolonización y así ha sido tratado por las Naciones Unidas desde 1963. Todas las organizaciones internacionales han reconocido y reconocen el derecho a la autodeterminación e independencia del pueblo saharaui.

Ex colonia española, la Republica Saharaui es la única nación árabe africana de habla hispana.

Durante la mayor parte del siglo XX, Saharaui estuvo ocupada por España. Hubo intentos independistas, como el del Movimiento para la Liberación del Sahara de los años sesentas, dirigido por Bassiri. Pero las tropas del dictador español Francisco Franco reprimieron el movimiento en 1973, haciendo desaparecer a su dirigente. Ese año surgió el Frente Polisario para continuar la labor del Movimiento para la Liberación del Sahara.


Frente a la agresión y pretensión territorial de Marruecos, la Corte Internacional de Justicia en su dictamen del 16 de octubre de 1975, afirmó que este territorio nunca formó parte de Marruecos antes de la presencia colonial española, y, por tanto, no tiene ningún lazo de soberanía con ese país. Razón por la cual, el reino de Marruecos se vio aislado por su conducta en su contorno continental y se retiró de la Unión Africana después de ser condenado por su ocupación ilegal de una parte del territorio de la Republica saharaui.

En 1976, tras la muerte de Franco, la ocupación española sobre el Sahara Occidental finalizó, pero entonces Mauritania y Marruecos conquistaron el territorio. El Frente Polisario -que se formó originalmente con el propósito de independizarse del territorio del dominio español- decidió enfrentar a los marroquíes y mauritanos utilizando una estrategia de guerra de guerrillas.

En 1979, Mauritania cedió su parte del Sahara Occidental al Frente Polisario, pero esto no fue reconocido por Marruecos, que se anexionó esa zona. Los combates siguieron hasta el 6 de septiembre de 1991, en el que se acordó un alto el fuego tras la creación de los «muros marroquíes», que separan al territorio conquistado por los marroquíes (al oeste, donde se hallan las minas de fosfatos así como la zona costera que posee una importante zona pesquera) del oriental, ocupado por el Frente Polisario (zona prácticamente desierta y sin importancia económica).

Los marroquíes ocupan dos terceras partes del territorio de Sahara Occidental. Los muros marroquíes son un conjunto de ocho muros de una longitud de 2.500 kilometros. Posee búnkers, vallas y campos de minas, defendiendo la rica zona ocupada por Marruecos de los ataques guerrilleros del Frente Polisario.

El Frente Polisario y la RASD han tenido algún apoyo político de Argelia y Libia.

Después de 16 años de guerra, la RASD y Marruecos firmaron en 1991 un acuerdo de paz, bajo los auspicios de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas formó una misión especial para la aplicación de dichos acuerdos, bajo el nombre de Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (Minurso), para que el pueblo saharaui determine el futuro estatus del territorio del Sahara Occidental, eligiendo entre la integración en Marruecos o la independencia.

El referendo estaba pautado para realizarse en 1992. Pero las trabas colocadas por el gobierno marroquí han impedido su realización.

La RASD mantiene hoy relaciones diplomáticas con más de 80 países en el mundo, entre ellos con un número importante de países de América Latina y el Caribe, y es miembro pleno de la Unión Africana, en la cual ejerce una de sus vicepresidencias.

El sistema político de la RASD es republicano, con un Presidente y Parlamento electo por la soberanía popular. Su ejecutivo se encuentra dirigido por un Primer Ministro. El Parlamento saharaui es el único legislativo en el mundo árabe que ha censurado a un gobierno. La organización territorial saharaui se basa en el concepto de autogobierno y poder popular, en donde las mujeres tienen un rol protagónico y gozan de mayor libertad y respeto que en muchos países del mundo árabe.

Por Cristian Sotomayor Demuth

El Ciudadano 28/08/2009



Campaña «Todos con el Sahara». Video de Javier Bardem

jueves, julio 30, 2009

Comunidades agrícolas, patrimonio sociocultural del Norte Chico

Vida comunera se resiste a morir



A pesar de ser muy características de la región de Coquimbo, las comunidades agrícolas son casi desconocidas para el resto del país. Asentamientos campesinos con propiedad colectiva de la tierra, su origen se remonta a la época colonial. Aunque hoy parecen tener todo en contra, aún hay esperanzas para su desarrollo.
Las comunidades agrícolas (CA) del Norte Chico son el único sector campesino no indígena –pero sí mestizo- que cuenta con un sistema de tenencia comunitario de la tierra en Chile. Constituyen un modo de vida con características democrático-solidarias y rasgos autogestionarios.
Sobrevivientes a todos los modelos de desarrollo adoptados por el Estado chileno, este esquema agrario pre-capitalista se halla “contra las cuerdas” desde la imposición del neoliberalismo en 1975.
Se calcula que las CA ocupaban –hasta la década del 70- alrededor de un millón de hectáreas, es decir, el 25% de la superficie de la IV Región. En ésta se ubica el 95% de las 188 comunidades que actualmente hay en Chile (desde Atacama hasta la Región Metropolitana). El Limarí concentra los dos tercios de las CA –las que cubren el 31% del territorio provincial-, con promedios de 3.780 hás y de 30 familias por comunidad.
La calidad de comunero se obtiene al ser propietario de un derecho (parte alícuota en la propiedad común). La cantidad de derechos por cada CA es variada: desde menos de 10 hasta más de 1.700. Entre todas las comunidades suman unos 13 mil derechos inscritos. En teoría, cada derecho corresponde a una familia, aunque un comunero puede llegar a poseer hasta el 3% del total de ellos.
Toda familia comunera tiene acceso a una porción de terreno (“goce singular”) en donde colocar su vivienda, huerto y corral (“parcela” que es transferible junto con cada derecho). El resto de la superficie de la CA es considerada común y se utiliza para pastoreo, recolección de leña, obras comunitarias, entre otras cosas.
El cultivo de secano -cereales- se efectúa en terrenos comunitarios cedidos temporalmente para el usufructo individual, llamados «lluvias». En las CA se verifica la cooperación en diversas labores; los comuneros acuden con sus herramientas y animales, y la retribución se da en trabajo o alimentos: el «mingaco», la «gallaíta» y la «trilla», son ejemplos de ello.
ORIGEN, HISTORIA Y ORGANIZACIÓN
Uno de los orígenes de las CA estuvo en la fragmentación de grandes haciendas, entregadas como “mercedes de tierra” durante la Colonia. Los herederos se repartieron las mejores tierras en forma individual; en cambio, los terrenos de secano, por su bajo valor productivo, su gran extensión y el poco capital de sus habitantes, se constituyeron en propiedad común.
Desde la Colonia hasta el siglo XIX se produjo el traslado de población hacia el Norte Chico, como mano de obra para las labores mineras; al agotarse las explotaciones, ella se reorientó hacia actividades agrícolas o ganaderas, realizadas en forma comunitaria. También, algunos españoles que poseían indios encomenderos, ante la necesidad de ocupar tierras para la producción exportadora, los reubicaron en terrenos interiores de menor calidad, optando éstos por su ancestral modo colectivo de existencia.
El saneamiento de las comunidades comenzó en 1963 con el decreto 19. Luego, en 1967, se promulgó la Ley de Comunidades Agrícolas (DFL 5).
Si bien durante la dictadura no se produjo una intervención directa en contra de las CA, hubo dos normativas que las afectaron seriamente: en 1979, el decreto 2.695 y el 18.353, de 1984; ellas indujeron un proceso de privatización de las tierras comunitarias al otorgar títulos de propiedad a los «goces singulares”. Con esto se puso fin, en los aspectos legales, al último obstáculo que impedía la penetración del sistema capitalista.
Con el inicio de la transición a la democracia –y apoyados por la ONG Jundep-, las CA participaron en la elaboración de propuestas para una nueva ley. Finalmente fue aprobada -con la indiferencia de la Concertación y correcciones impuestas por la Derecha- en 1993 (Ley 19.233). Aunque representó un avance, no dejó conforme a la dirigencia comunera, pues contiene varias trabas, como que sólo permite la creación de estas comunidades desde la Primera hasta la Sexta Región.
El conjunto de comuneros que poseen derechos forman la Asamblea General de cada CA, que es el órgano decisorio supremo. Esta instancia elige al Directorio, que dura tres años. Además escoge una Junta de Vigilancia y diversas Comisiones.
Entre 1988 y 1991 se crearon las asociaciones provinciales: Elqui, Limarí y Choapa, a las cuales están asociadas el 70% de las CA.
En 1991 se formó la Federación Nacional de Comunidades Agrícolas, que ingresó al Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile (Mucech) en 1993. Al año siguiente, organizó su primer congreso, en la ciudad de Vicuña.
DEBILIDADES Y AMENAZAS
La cultura patriarcal ha provocado la exclusión de mujeres y jóvenes de ciertas decisiones y labores, lo que resta un enorme potencial a los colectivos. Por otra parte, la debilidad organizacional ha frenado las iniciativas y el empoderamiento de las CA. La escasa formación de dirigentes ha producido “apernamiento” de directivos y poco recambio generacional, lo que provoca falta de interés por parte de la juventud para tomar responsabilidades y elaborar proyectos innovadores.
Siendo los derechos transables en dinero -y al no estar condicionados por la comunidad-, se producen distorsionadores del carácter comunitario. Por lógica, debiera tener posibilidad de integrar la comunidad quien viva en el terreno, aporte esfuerzo, participe en sus instancias y cuente con la aceptación de los comuneros. Pero hay personas que, cumpliendo estos requisitos, no poseen derechos, y otras que no contribuyen a la comunidad ni viven en ella sí los tienen.
La Ley permite –potencialmente- sancionar a estos comuneros “fantasmas”, aplicándoles multas financieras; dinero que podría usarse en generar un Fondo para que familiares de comuneros o personas interesadas –que cumplan los requisitos- pudieran acceder a derechos. Sin embargo, esta norma no ha sido aplicada por la generalidad de los tribunales de la Región, pues miran con reticencia una disposición que podría aparecer contrariando la garantía constitucional de la propiedad privada.
En Chile, la desertificación afecta al 60% del territorio nacional, siendo en la IV Región en donde este proceso parece más crítico y evidente. Esto, debido a la sobre explotación histórica de los recursos, provocada por la ganadería, agricultura y minería, e incentivada por la demanda internacional. Este fenómeno perjudica principalmente a las CA, quienes, debido a la falta de capital para invertir en tecnologías que recuperen suelos degradados, se han visto sumidas en la pobreza. Ésta, a su vez, deteriora aún más la calidad de los ecosistemas (sobre pastoreo y talaje excesivo).
El principal problema físico en las CA es la falta de agua. Como no pueden acceder a comprar derechos de las que son superficiales, deben centrar sus esfuerzos en la búsqueda de aguas subterráneas.
Las mejores tierras están en poder de grandes fundos privados. Con éstos, históricamente las CA han tenido conflictos limítrofes. Hoy se agregan las transnacionales y grupos económicos criollos, que usan todo su poder para intentar arrebatarles las tierras con mayor potencial (1). Compran a través de “palos blancos” más del 3% del total de derechos permitidos por ley; cooptan dirigentes que toman decisiones sin contar con el apoyo de la asamblea, y “compran” comuneros angustiados por la falta de recursos. Misma desesperación que ha llevado a algunas comunidades a segregar terrenos para su venta.
Antes del saneamiento de las CA hubo particulares que inscribieron terrenos que, posteriormente, quedaron al interior de las comunidades. Como esas inscripciones perduran en los registros de los conservadores de bienes raíces, se producen conflictos, y debido a que los comuneros tienen escaso acceso a la asistencia jurídica, muchas veces esos pleitos son ganados por particulares más pudientes (2).
Producto de todo esto hoy las CA no tendrían más de medio millón de hectáreas, es decir, habrían perdido casi la mitad de tu territorio original, según Mirtha Gallardo, presidenta de la asociación de comuneros del Limarí.
Otro problema es que la falta de recursos para cercar estas grandes propiedades comuneras, permite el ingreso de extraños con suma facilidad: extractores de áridos, de tierra de hojas, de leña y de cactáceas; cazadores, pastores transhumantes y cuatreros, que afectan la economía de las comunidades.
Los dirigentes comuneros critican al modelo neoliberal, pues todos los instrumentos de fomento y apoyo a la agricultura campesina están diseñados para trabajar con individuos y no con colectivos: “Para el Estado chileno somos un ’cacho’. Hay funcionarios públicos que nos han tratado de ´brutos´ porque insistimos en un modo de vida comunitario. Nos dicen: ‘¿Cómo se les antoja seguir viviendo así?’, como si fuera un pecado tan grande”, afirmó Mirtha Gallardo.
Nicolás Schneider –geógrafo experto en el tema-, señaló que las CA no entran en el slogan oficial “Chile: potencia agroalimentaria” ni en su énfasis exportador; “los organismos públicos se comportan como entes reactivos. Al no haber un plan de desarrollo adecuado para las CA, han aplicado una política asistencialista (por ejemplo, a través de bonos). Pienso que esta forma de vida y producción -que legitima la gestión comunitaria- se le pasó al Estado chileno, por lo que no les interesa o no saben cómo apoyarla”, sentenció.
AGROECOLOGÍA, TURISMO RURAL Y TECNOLOGÍAS APROPIADAS
En opinión de dirigentes y expertos, sólo en un 35% de las CA se mantiene el espíritu y las prácticas comunitarias, lo que se manifiesta en labores conjuntas, producción común y convivencias típicas.
De acuerdo a estudios del Instituto de Investigaciones Agrarias (Inia), al cruzar datos físicos, económicos y socioculturales, las dos terceras partes de las CA serían viables. El resto estarían condenadas a desaparecer como tales.
Para Nicolás Schneider, el mayor potencial está en las CA de la zona Limarí oeste, Combarbalá y Canela, que tienen una viabilidad económica en el cultivo de productos de excelencia en pequeña escala, así como en el mini turismo rural (3).
Por otro lado la región presenta condiciones muy favorables para el uso de energías renovables no convencionales, especialmente solar y eólica.
Según la geógrafa e investigadora Angélica Medina, la única esperanza para las CA es que se adopte un nuevo modelo de desarrollo, “que valorice la racionalidad y tecnologías campesinas; la integración de técnicas agroecológicas, limpias y orgánicas, que promuevan la recuperación de los recursos naturales; la incorporación a los mercados por medio de cooperativas, con productos no tradicionales, y el fomento de la educación e investigación en zonas semiáridas, para generar tecnologías adecuadas que reviertan los procesos de desertificación y de deterioro de la calidad de vida”.

SECANO, CABRAS Y POBREZA
Según estimaciones, en las CA viven, en forma permanente, unas 40 mil personas (30% de la población rural de la IV Región), cifra que puede duplicarse si consideramos a los habitantes temporales.
La mayoría del suelo comunero es de secano (sólo se sirve de aguas lluvias) y corresponde a praderas naturales. El 70% del terreno puede utilizarse -el resto tiene fuertes pendientes-, pero apenas un 7% es arable. La superficie que ocupa cada comunidad varía mucho: entre 141 y 122.600 hás.
Las personas económicamente activas en las CA suman 5.912. El 50% se desempeña en agricultura y ganadería (principalmente caprina), el 12% en comercio, el 11% en construcción, el 5% en enseñanza, y el 4% en minas y canteras. Existen cinco caletas pesqueras en sus terrenos.
El 66% de la fuerza de trabajo de las CA es asalariada (por lo general en puestos temporales y con empleadores externos), y sólo un tercio lo hace de manera independiente.
En las CA existe una alta tasa de analfabetismo (21%) y sólo el 2% tiene educación superior. El 13% aparece sin ningún tipo de estudios formales.
Las comunas con presencia de CA tienen altos índices de pobreza (44%), y se estima que en las comunidades existe un 21% de desocupados. Su población tiende a envejecer –producto de la emigración-, siendo un 20% de sus habitantes mayores de 59 años.
Más del 53% de los hogares en las CA no tiene agua potable, y el 39% de las familias utiliza leña o carbón como combustible para cocinar. El 75% de los caminos de acceso son de tierra y están en estado regular.
NOTAS:
1) Ejemplos de comunidades agrícolas en conflicto con privados: La Cebada versus inmobiliarias Costa Dorada y Talinay (Ovalle); disputa de Chalinga con la minera CMLA (Salamanca), y lucha de Huascoaltinos contra el proyecto Pascua Lama, de la minera Barrick Gold en Vallenar (ver).
2) Durante el 2004, la Comunidad Agrícola de Punitaqui tuvo nueve juicios; ninguna resolución les fue favorable. Fuente: Reunión anual ordinaria de comuneros -14 de enero del 2005- (N. Schneider).
3) Un caso destacable es el de la Comunidad Agrícola Peñablanca, ubicada a la altura de Punitaqui pero cerca de la costa. Allí se han estado realizando varios proyectos innovadores -como atrapanieblas-, apoyados por profesionales de Servicio País y de Küpal Consultores.
FUENTES:
“Diseño, implementación y seguimiento plan integral de desarrollo del secano, IV Región de Coquimbo”. Resumen informe final etapa I. “Reconocimiento detallado del territorio a intervenir”. Instituto de Investigaciones Agrarias (Inia). Gobierno Regional de Coquimbo, 2004.
“Alternativas de desarrollo rural sustentable para una comunidad agrícola tradicional en proceso de desertificación: El Divisadero, comuna de Punitaqui, IV Región de Coquimbo”. Memoria de Angélica Medina RodríguezUniversidad de Chile. Escuela de Geografía, 2006.
“Comunidades agrícolas de la región de Coquimbo, Chile. Tenencia ancestral y colectiva de la tierra versus la llegada de nuevos vecinos y nuevos comuneros”. Ponencia de Nicolás Schneider Errázuriz, 2007.
FOTOS:
Oficina Técnica de Comunidades Agrícolas (OTCA)
Por Cristian Sotomayor Demuth
El Ciudadano 30/07/2009

miércoles, julio 15, 2009

Cuáles son los 10 países con mejor calidad de vida

El buen vivir no es, necesariamente, sinónimo de riqueza material. Tampoco es lo mismo desarrollo que crecimiento económico. Hay países que, si bien pertenecen al grupo de naciones “de medio pelo”, muestran buenos estándares de calidad de vida. Esto queda demostrado al cruzar los últimos datos del Índice de Desarrollo Humano (IDH) con los del Índice Planeta Feliz (IPF).


Los grandes medios de comunicación nos tienen acostumbrados a homologar desarrollo con un gran consumo o que vivir bien significa tener muchos automóviles, rascacielos o millonarios -discurso que ha sido exacerbado en los últimos 30 años de políticas neoliberales. Sin embargo, cada día más personas cuestionan esos parámetros, por lo que en las últimas décadas se han difundido índices que buscan mostrar los reales factores que condicionan una existencia satisfactoria, plena, realizada o contenta.

Hoy por hoy habitar en una superpotencia hiperconsumista no implica que se tenga una vida agradable. Ejemplo de esto es el Índice Planeta Feliz (IPF), un informe desarrollado desde 2006 por la asociación inglesa NEF (New Economics Foundation).

«No estamos diciendo que la gente que vive en estos países es la más feliz del mundo. Lo que hace el índice es medir la eficiencia ecológica que permitiría tener vidas prolongadas y felices para todos los ciudadanos»- aclaró Saamah Abdallah, primer autor del informe.

“Estamos acostumbrados a comparar países en términos comerciales o de riqueza bruta. Este informe presenta un modo de medición basado en algo más importante: el éxito o fracaso de los países a la hora de proporcionar una buena vida a sus ciudadanos al tiempo que respeta los recursos naturales limitados de los que depende”, comentó el investigador británico.

El Índice del Planeta Feliz se basa en una sencilla fórmula: bienestar por esperanza de vida, dividido entre impacto ecológico.

“El Índice del Planeta Feliz desnuda la economía hasta su concepto más básico: lo que usamos (recursos) y lo que obtenemos (vidas humanas más o menos largas, más o menos felices)”, aseguró la organización británica, que ha realizado este informe en cooperación con el grupo del mismo país “Amigos de la Tierra”.

Muestran que es posible vivir vidas prolongadas y felices, con huellas ecológicas mucho más pequeñas que las dejadas por las naciones con mayor consumo. Para muchos en occidente, la lucha por incrementar nuestros ingresos se ha dado a expensas de nuestro capital social y de nuestra salud mental. El desafío, dice el informe, no es el de continuar aumentando nuestros ingresos monetarios, sino asegurar vidas significativas y fuertes lazos sociales. A menudo, lograr estos propósitos significa reducir el enfoque en el consumo y dedicar más tiempo a otros intereses.

La lista de los 75 países con mejor IPF parte con Costa Rica; le siguen República Dominicana, Jamaica, Guatemala y Vietnam, y termina con Japón.

SOLIDARIDAD: PILAR PARA UNA VIDA AGRADABLE

Quisimos cruzar esta información con un indicador más tradicional de desarrollo, aceptado internacionalmente: El Índice de Desarrollo Humano IDH es una medición elaborada desde 1990 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud). Se basa en un indicador social estadístico compuesto por tres parámetros: Vida larga y saludable (medida según la esperanza de vida al nacer); educación (medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y superior), y nivel de vida digno (medido por el PIB per cápita PPA en dólares).

El Desarrollo Humano se entiende como un proceso por el que una sociedad mejora las condiciones de vida de sus ciudadanos, a través de un incremento de los bienes con los que puede cubrir sus necesidades básicas y complementarias, y de la creación de un entorno en el que se respeten los derechos humanos de todos ellos. Es la cantidad de opciones que tiene un ser humano en su propio medio, para ser o hacer lo que él desea. A mayor cantidad de opciones, mayor desarrollo humano.

Para este análisis sólo se tomó como referencia el listado de países con IDH alto: encabezado por Islandia, continúa con Noruega, Canadá, Australia e Irlanda, y finaliza con Bosnia y Herzegovina (lugar 75 del ranking).

Al cruzar los datos entre el IDH y el IPF nos entrega el siguiente resultado:

A primera vista, se puede afirmar que la mayoría de estas naciones se caracterizan por tener buenos sistemas de seguridad y protección social; un sector público fuerte y amplio; importante socialización económica (empresas cooperativas, mutualidades, sindicatos poderosos); con estructuras institucionales que fomentan la cooperación, el apoyo mutuo y la solidaridad; así como esquemas democráticos de convivencia política. Son países con poca desigualdad socio-económica (excepto Argentina y Arabia Saudita, todos están bajo el 0,5 del coeficiente Gini). Cabe destacar que tanto Costa Rica como Suiza no tienen fuerzas armadas convencionales, el primer país sólo posee una Guardia Nacional y el segundo un ejército de reservistas.
Los diez siguientes son: México, Panamá, Singapur, Brasil, Malta, Bélgica, Francia, Japón, Irlanda, Colombia y Chile.
Mal paradas quedan las superpotencias (EUA, Reino Unido, China, Rusia, etc.), que aparecen bastante más atrás en la lista.
Los peores resultados los obtienen los países del tronco de África: guerras, despotismo, enfermedades, hambre, y saqueo por parte de las grandes corporaciones transnacionales.
Por Cristian Sotomayor Demuth
El Ciudadano 15/07/2009
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jueves, julio 09, 2009

Atrapanieblas en Cerro Grande de Peñablanca



Caracterizada por la crianza de ovejas, la Comunidad Agrícola de Peñablanca está embarcada, desde hace cuatro años, en varios proyectos que buscan repotenciar su forma de vida. Uno de ellos es el de los atrapanieblas en el cerro Grande; el agua que captan sirve para regar una reserva en donde han plantado diversas especies de bosque nativo.

El usufructo común por parte de los herederos de la estancia Peñablanca derivó hacia 1887 en la conformación de la Comunidad Agrícola que lleva ese nombre (bautizada así por la alta presencia de cuarzo). Ubicada a unos 60 km al sur-oeste de Ovalle –en la provincia de Limarí-, colinda por el poniente con la carretera Panamericana. Con 6.500 hás de tierra, cuenta con 85 comuneros con derechos, pero viven alrededor de 60 familias (unas 150 personas).

Los suelos de esta comunidad agrícola están fuertemente degradados. Antiguamente fue una de las comunidades con mayor extensión de sembrados de trigo (tres mil hás). La última cosecha se registró en 1999; la disminución de las precipitaciones y la competencia de otras zonas trigueras con mayor rendimiento, volvieron inviable seguir con este cultivo.

En Peñablanca –a diferencia de otras comunidades agrícolas, que mayormente crían cabras- se especializan en ganado ovino. En los años secos, debido a la falta de pastos para alimentar a los animales, los crianceros deben emigrar hacia otras zonas de la provincia, en donde se instalan en carpas por varios meses.

El poblado central de Peñablanca tiene una escuela que llega hasta sexto básico, que cuenta con 12 alumnos. También poseen una capilla, y una sede social con un salón, varias piezas, baños y una cocina. A un costado de ésta hay, desde el año pasado, un escenario. Las principales fiestas se realizan para el 18 de septiembre y el 1 de noviembre. Hay una villa con un puñado de casas obtenidas a través del subsidio habitacional rural.

Desde 2007 han realizado tres Ferias bajo el slogan “el secano aún vive”, a la que asisten artistas, miembros de otras comunidades y habitantes de la provincia. Y, este año editaron un boletín llamado La Espiga (La voz del secano comunero).

Existe una mina de cuarzo –propiedad de un empresario externo- que emplea a cuatro personas de Peñablanca. Debido al desequilibrio presente en la legislación chilena, esta empresa sólo debe pagar una cantidad marginal por concepto de “servidumbre de paso”. También hay una microempresa de crianza de caracoles, propiedad de una familia comunera.

RESERVA DE LA NATURALEZA

Daniel Rojas, presidente del Directorio de la comunidad, explicó que desde 2000 a 2005 existió un proceso de reflexión que coincidió con un cambio generacional de la dirigencia. Con la ayuda de profesionales de Servicio País –que colaboran hasta hoy-, se elaboró un proyecto a largo plazo, compuesto de cinco líneas: medioambiental (degradación de suelos); forestaciones (nativas y forrajeras); ganadería ovina (Indap); productivo (lo más difícil, por la falta de agua), y social (electricidad, agua potable, caminos).

En esta comunidad establecieron un área protegida y crearon la Reserva Cerro Grande; un terreno de 100 hás en las laderas del monte -que cercaron-, y en donde han plantado 850 árboles nativos.

Gracias a la niebla, se forma un microclima de características similares al existente en el Parque Fray Jorge. El bosque nativo se riega con el agua recolectada por cuatro atrapanieblas confeccionados con malla rachel. Su mejor funcionamiento es de marzo a mayo y de octubre a diciembre, en donde, en una semana, ha llegado a recolectar 18 mil litros. El mayor problema es el mantenimiento, pues el fuerte viento rompe las mallas, y deben pagarle a una persona que dos veces al mes sube a revisarlas.

Este proyecto –elaborado con la asesoría del geógrafo Nicolás Schneider– fue financiado por el PNUD. Ahora se están construyendo cinco miradores y un sendero turístico, gracias a un proyecto financiado por la Conama.

Paradojalmente, en la cima del cerro existen dos antenas de celulares, que representan el único ingreso monetario importante para la comunidad.

Claudia Accini, profesional de Servicio País, explicó que, en estos momentos, están realizando un taller sobre reciclaje para los miembros de la comunidad. En él se les está enseñando el manejo de los residuos sólidos y la confección de estaciones de reciclaje. Además, señaló que otra idea es introducir el cultivo de vegetales exóticos con buena demanda internacional, como la jojoba.

EL MODELO ISRAELÍ

El dirigente viajó en enero de 2008 a Israel, invitado por el Fondo para la Innovación Agraria (FIA). Su principal conclusión es que el desarrollo sustentable depende de la combinación de autogestión comunitaria con un decidido apoyo del sector público; producto de la diversidad, cada comunidad debe descubrir sus potencialidades y contar con planes específicos de los organismos estatales.

Rojas cree que, hasta ahora, cada repartición pública hace sus propios programas por separado, pues no hay un plan general y coordinado de acción hacia las comunidades agrícolas. “Se han dedicado a archi diagnosticar en vez de ejecutar obras concretas”, expresó.

Además, afirma que las políticas públicas existentes son demasiado generales, como el caso del fomento a la reforestación (DL 701); “deberían contemplar las particularidades de cada sector, pues no es lo mismo el apoyo que necesita un gran propietario exportador que el que requiere el campesinado”, indicó el dirigente.

Por Cristian Sotomayor

El Ciudadano 09/07/2009

sábado, julio 04, 2009

Caimaninos siguen en conflicto con minera Los Pelambres


Pese a un avenimiento anterior entre la minera y un grupo de vecinos, mediado por el abogado Fernando Dougnac, los pobladores de Caimanes, pueblo de la provincia del Choapa, exigen una equitativa compensación por los daños en su medio ambiente que ha provocado el tranque El Mauro, de propiedad del grupo Luksic. Con una capacidad de 1.700 millones de toneladas, es el depósito de relaves mineros más grande de Latinoamérica y el tercero en el mundo.

A fines de mayo de este año la Corte de Apelaciones de La Serena resolvió que era procedente tramitar las causas presentadas por vecinos de Caimanes en contra de Los Pelambres. La denuncia fue hecha por el abogado Ramón Ossa el 9 de enero en el Juzgado de Los Vilos. Además de la indemnización por el relave minero, se persigue detener la operación del tranque El Mauro, que construyó la minera a un costo de US$ 580 millones.

Dicho tranque, que inició operaciones a comienzos de este año, recibe los desechos de la mina Los Pelambres de Antofagasta Minerals, el brazo minero del holding de la poderosa familia Luksic, cuyo fallecido patriarca, Andrónico, logró amasar una fortuna cercana a los 3.400 millones de dólares.

Al emprendedor no se le ocurrió otra cosa que ubicar el lugar de relave en el fundo El Mauro, en el valle del Choapa. El basurero minero tiene una capacidad de 1.700 millones de toneladas de desechos de la producción cuprífera, lo que equivale a 70 km2 de desechos de la industria minera.

Su capacidad lo convierten en el tranque de relave minero más grande de América Latina y tercero en el mundo.

“El tranque ha causado molestias, ha provocado contaminación a las familias que viven cerca y ha tenido filtraciones. Si bien comenzó a funcionar, la obra no está terminada, porque se están haciendo obras adicionales. Si prosperan estas denuncias, se podría llegar a paralizar su operación”- dijo Ossa.

Luego de definir que no es ambientalista, el abogado añade que “esto es un problema económico y queremos que se compense como corresponde a las familias que están siendo afectadas”. Es decir, la minera debe indemnizar a 1.500 personas. El monto: US$ 100 millones: “es justo, aunque todo es negociable”- remata Ossa.

Según Cristian Flores, coordinador y vocero del Comité de Defensa de las Personas de Caimanes, “hemos puesto una demanda de arresto contra el gerente general de Minera Los Pelambres, Ignacio Cruz, por no haber acatado la empresa un dictamen del Tribunal de Los Vilos que ordenó la paralización de las faenas del tranque El Mauro”.

El dirigente insistió en que la lucha que están dando “es simplemente para que los recursos que fueron entregados a ciertas personas, sean distribuidos en forma equitativa, ya que el daño que Minera Los Pelambres ha provocado con la instalación del tranque de relaves en el sector de El Mauro afecta a todos los caimaninos”.

PIDEN NULIDAD DE AVENIMIENTO

En mayo del año pasado, los abogados Fernando Dougnac –por Caimanes- y Francisco Veloso, representante de Los Pelambres, lograron un acuerdo para que el empresario Víctor Ugarte y algunos dirigentes se desistieran de las acciones legales contra la construcción de El Mauro. El convenio contemplaba la compra de los fundos del empresario -Tipay y Romero- por US$ 23 millones, de los cuales US$ 5 millones debía donar a 117 personas de la comunidad. La tajada para Dognac fueron US$ 3 millones.

Myrella Ardiles, presidenta de la Junta de Vecinos Nº 4 de Caimanes denunció a Dougnac y al empresario Víctor Ugarte, por haber engañado a la comunidad de Caimanes y por haber lucrado con el conflicto. La mayoría de los miembros de la comunidad se sienten traicionados, por lo que ahora piden que se deje sin efecto el avenimiento, pues los supuestos representantes que firmaron no estaban facultados para ello ni tenían los poderes de sus representados.

Desde fines de 2008 se tramita la demanda de nulidad de la transacción en el Octavo Juzgado Civil de Santiago, en contra de Los Pelambres, Ugarte y de 117 personas de Caimanes. Debido a este proceso, las platas que Ugarte se comprometió a donar están retenidas.

Myrella Ardiles plantea que lo único que les queda es luchar para que cada poblador reciba los recursos necesarios para instalarse en otro lugar, pues esa localidad está destinada a desaparecer. Ella afirma que todo el mundo sabe que ese tranque significa la muerte del valle, pero que la decisión de construirlo ya estaba tomada en las altas esferas políticas.

“La judicialización de los grandes proyectos de inversión es la única manera de hacer respetar los derechos humanos y evitar el atropello de los grandes grupos económicos”, sentenció Ardiles.

El relave minero tendrá devastadores efectos en el bosque nativo de la zona, la contaminación del mismo tranque intervenido y del estero Pupío, afectando con ello las aguas de regadío y de consumo humano de un vasto sector de la IVª Región. Además, en su construcción se produjeron graves daños al patrimonio arqueológico.

Además, el estero Pupío abastece de agua al pueblo de Caimanes, que tiene una población cercana a las 1.200 personas.


EL CUESTIONADO DOUGNAC

Ex funcionario público durante la dictadura militar, Fernando Dougnac, logró, en su primera batalla medioambiental, doblarle la mano al Consejo de Defensa del Estado en 1985, al conseguir proteger las aguas del lago Chungará.

Su consolidación en estas materias la logró a través de la Fiscalía del Medio Ambiente (Fima), que creó en 1998 junto a un grupo de abogados, y de la cual es su presidente.

Casos emblemáticos en los que ha obtenido sentencias favorables son Trillium, Alumysa en Aysén, Boise Cascada -que pretendía hacer astillas con el bosque de la X Región-, o desechos tóxicos en Arica. Lideró otras batallas contra la central Pangue o la planta de celulosa de Celco en Valdivia. También fue asesor de Douglas Tompkins.

Dougnac recibió US$ 3 millones de parte de Los Pelambres, además de los dineros que periódicamente le entregaba la comunidad por sus servicios. Según Myrella Ardiles, permanentemente debían realizar actividades para recolectar los fondos.

Actualmente, el presidente de Fima tiene en la mira a HidroAysén, ligada a la familia más tradicional e influyente de Chile: los Matte. En noviembre pasado, representando al Consejo de de Defensa de la Patagonia, presentó dos demandas en la Corte de Apelaciones de Coyhaique en contra del proyecto.

Por Cristian Sotomayor

El Ciudadano 04/07/2009

miércoles, junio 17, 2009

Nueva Escuela 1 de San Antonio:

Autogestión comunitaria para la educación popular


“Recuperar, rehabilitar, restaurar” es el lema de la iniciativa que intenta convertir a una antigua escuela abandonada del cerro Alegre de San Antonio, en un centro para acercar el arte, la cultura y la educación a la comunidad. El movimiento espera revertir la decisión del municipio, que arrendó ese espacio para un estacionamiento destinado al casino, hotel y mall que se están construyendo en la costanera de dicha ciudad.

Todo comenzó hace nueve meses en la ciudad-puerto de San Antonio, con la intervención en plazas públicas a través de malabares, feria de libros, música en vivo y proyecciones audiovisuales. La buena acogida de la comunidad y la activa participación de los agentes culturales, sumado a la falta de lugares dedicados al desarrollo artístico, los llevó a buscar espacios abandonados de la ciudad, donde pudieran converger los distintos actores y artistas. Se observaron distintas posibilidades, llegando finalmente a la Escuela Nº1 -popularmente conocida como “escuela vieja”-, ubicada en el sector de Cerro Alegre. Un edificio de 2.400 m2, 22 salas, un patio y un jardín, abandonado durante 23 años, y que era utilizado como basural, vivienda de marginados sociales, y centro de drogadicción y delincuencia.

En octubre de 2008 se inició el trabajo de recuperación de la Escuela Nº1. Comenzaron con la grabación de un video de malabarismo, y con jornadas de limpieza -apoyados por una empresa local de movimiento de tierras-, llevándose gran parte de la basura. Más tarde se sumaron el taller de malabares, una feria de trueque, música en vivo y ciclos de cine. En el verano se agregaron foros de conversación, como, por ejemplo, el de educación popular; una clase participativa sobre arte contemporáneo, con la participación de la Universidad Arcis-Valparaíso, y una escuela de verano, donde se abrieron a la comunidad de manera gratuita talleres de cine, música, huerta, yoga, teatro e intervenciones callejeras, quena, papel reciclado, guitarra, futbol, artesanía, francés, ajedrez y malabarismo. Además, se instaló una bicicletería abierta a toda la población, y se efectuaron intervenciones callejeras, tocatas de grupos locales y regionales, exposiciones itinerantes, campeonatos de futbol, carnavales de apoyo y actividades para los niños. Esta etapa terminó con el retiro total de la basura, por parte de la municipalidad de San Antonio, a principios de marzo del presente año.

El movimiento Nueva Escuela Nº1 está integrado por centros culturales, agrupaciones y colectivos artísticos, profesionales del área social, juntas de vecinos, radios y semanarios locales, pintores, músicos, malabaristas, profesores, artesanos, arquitectos, vecinos, jóvenes, niños y niñas, adultos mayores, dueñas de casa, trabajadores, estudiantes, y cesantes. Funcionan con una estructura horizontal (sin jerarquías de poder establecidas), en donde todas las personas que participan activamente están integradas en la toma de decisiones. Es un espacio público autogestionado por la comunidad, a través de la cooperación voluntaria, y con diversas herramientas productivas: huertos, hornos de barro, centros de reciclaje, eventos y voluntariados.

El proceso de rehabilitación consiste en darle vida a los distintos espacios que estaban abandonados y en deterioro. Hasta el momento se ha rehabilitado el patio utilizado por años para jugar futbol por los vecinos del lugar, limpiando y pintando la cancha, y arreglando los arcos. Además, se comenzaron a pintar y decorar salas y pizarrones. Se creó una bodega, un baño seco, un invernadero, una ducha, un dormitorio, una cocina; también se limpió y habilitó el subterráneo. En esta etapa se encuentran actualmente, y hoy el trabajo está enfocado a la construcción de huertas, de espacios dedicados al compostaje y al reciclaje, y a la rehabilitación de los jardines frontales.

La tercera etapa tiene que ver con la restauración de la estructura dañada por el terremoto de 1985. Considera, en algunos casos, la demolición de elementos estructurales y su reemplazo por otros que restituyan la capacidad resistente del edificio, además de la reposición de los elementos perdidos por el saqueo que se produjo a partir del abandono del edificio.

La Escuela Nº1 (ex D-460) fue construida en 1956. A comienzos de 1982, el Ministerio de Educación la traspasó –con fines exclusivamente educacionales- a la Municipalidad de San Antonio. El terremoto de 1985 dañó su estructura y, a pesar de que el departamento de Arquitectura de la Dirección de Obras concluyó que era posible repararla, el municipio decidió dejarla abandonada.

A mediados del 2007, la municipalidad destinó el terreno –a través de un contrato de arrendamiento- para un proyecto de estacionamiento, asociado a la construcción del complejo “Centro comercial, hotel y casino del Pacífico”. Pero, ese mismo año, tres concejales solicitaron un pronunciamiento a la Contraloría Regional para que revisara ese contrato, pues pasaba por alto la condición de que fuera destinado a fines educacionales. En julio de 2008 el ente fiscalizador le dio la razón a los concejales que hicieron la demanda, por lo que el municipio debería cancelar el contrato y devolver el inmueble al Fisco. Sin embargo, la municipalidad presentó una apelación a la Contraloría Nacional.

La precariedad sanantonina

Actualmente San Antonio, comuna con 76 mil habitantes, se encuentra en una crisis caracterizada por su muy alta tasa de cesantía (19,7 %). La mayoría de los trabajos son precarios (baja remuneración), duros físicamente y con jornadas de 12 horas (o más), lo cual no da para mantener a una familia, ni tampoco para compartir un tiempo de calidad con ella.

Producto de lo anterior y de la arraigada cultura chilena mercantilista que incita al consumo y a tener siempre más (publicidad omnipresente), la gente siente que no tiene otra opción que ir al banco a endeudarse. Los problemas económicos, a su vez, generan un stress que se manifiesta en el grupo familiar. Esta precariedad se ve reflejada en altas tasas de depresión, y que los miembros de la familia estén buscando distintos refugios de evasión, como el alcoholismo (39,6%) y la drogadicción (17,5%). Esto no hace más que empeorar la situación, provocando actos delictivos y violencia. Para solucionar los problemas económicos las personas llegan, en casos extremos, a buscar formas alternativas de ingreso, tales como el trabajo de niños, el robo, el tráfico de drogas y la prostitución infantil.

A nivel de infraestructuras culturales, San Antonio se encuentra sin sala de cine ni de teatro, con una biblioteca municipal pequeña -con daños evidentes y mala ubicación-, y con pocos lugares que se dediquen a generar arte y cultura. Tampoco existe un espacio verdaderamente artesanal. La ciudad cuenta con pocas plazas que inviten a descansar o áreas verdes en donde poder recrearse, hacer deporte o compartir.

Por Cristian Sotomayor

El Ciudadano 17/06/2009