Corte Suprema decidirá futuro de termoeléctrica Campiche

por Cristian Sotomayor Demuth

El complejo industrial de Ventanas comenzó a funcionar en 1965, con una fundición de cobre y una central termoeléctrica. La dictadura militar nunca quiso reconocer la contaminación que producía, y la población estaba imposibilitada para reclamar organizadamente. Sólo con la “transición a la democracia”, la gente pudo comenzar a ejercer presión. En 1990, la Enami reconoció públicamente que ese complejo era contaminante. Las iniciativas de la sociedad civil –para impulsar un plan de desarrollo alternativo- fueron desestimadas, y el Estado aprobó un Plan Ambiental para Ventanas y un Plan de Descontaminación, decretado en 1993. A fines de ese año, el gobierno declaró al Complejo como zona saturada para anhídrido sulfuroso y material particulado respirable. Y, en 1995, Chilgener instaló precipitadores electrostáticos en las chimeneas. Con esta ofensiva de las empresas y del Estado, más medidas de cooptación, se logró desarticular y acallar la movilización social. Pasaron 10 años, y ante la evidencia de que el complejo seguía albergando nuevas empresas riesgosas y contaminantes, los vecinos decidieron volver a alzar su voz, pues, de no hacerlo, corren el riesgo de que les instalen 13 termoeléctricas a carbón.
David Inzunza, presidente del Consejo Ecológico de Quintero-Puchuncaví, señaló que “no existe voluntad política para hacer estudios serios de morbilidad y de impacto ambiental”. Indicó que, según la Armada de Chile, es una bomba de tiempo, ya que la bahía de Quintero se encuentra saturada. Agregó que existe una “política de hechos consumados”, en que las grandes empresas actúan a su antojo, amparadas en organismos públicos, como la Conama, el Corema, la Seremi de Vivienda, la Dirección de Obras y el Municipio. Ejemplo de esto es lo que pasó con la construcción de la termoeléctrica Campiche: todos esos entes públicos coadyuvaron para que la empresa AES Gener “se metiera al bolsillo” el Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso, que había determinado que esos terrenos son una Zona de Riesgo (ZR-2), lo que implica que no se podía iniciar ninguna construcción. Sin embargo, todas esas instituciones estatales hicieron “la vista gorda”, y aprobaron la ejecución del mencionado proyecto.
Pero, gracias a los abogados del Consejo Ecológico –que interpusieron recursos de protección contra la Corema-, en diciembre recién pasado, tanto la Contraloría General de la República, como la Corte de Apelaciones de Valparaíso, emitieron dictámenes que declaran ilegítima la construcción de dicha planta. Además, el órgano del poder judicial establece que el proyecto atenta contra la garantía constitucional de vivir en un ambiente libre de contaminación.
La Corema apeló –junto a la empresa AES Gener- a la Corte Suprema.

Cristian Sotomayor Demuth

Publicado en El Ciudadano Nº65, página 6, enero 2009.