John K. Galbraith –economista y asesor de John F. Kennedy- dividió a la sociedad en dos clases: los satisfechos y los subalternos, siendo éstos últimos quienes hacen los trabajos que a los más afortunados les desagrada realizar.
Hemos establecido una línea divisoria de tipo cuantitativa: el ingreso promedio por hogar en Chile, que es de $ 613.000 mensuales. Como el promedio de personas por hogar es de 3,7 nos da un ingreso per cápita promedio de $ 166.000 al mes.
El 70% de los chilenos está por debajo de este umbral. Es decir, 7 de cada 10 familias tiene dificultades para enfrentar la satisfacción de sus necesidades (“reproducción simple”); desde aquellos que andan al “ras-ras”, hasta quienes viven en la pobreza. Aquí está “la inmensa mayoría de los chilenos”, la “señora Juanita”, “la gente sencilla” y el “ciudadano de a pie”.
En contraste, existe un 30% de los connacionales que está sobre esa frontera; desde las familias que tienen “un buen pasar” hasta aquellas que son multimillonarias. Estos son los “acomodados”, las elites, la dirigencia política, económica y mediática; los que encabezan las instituciones educacionales, religiosas y militares; quienes toman las decisiones que afectan a todos; los rostros de la TV, aquellos que “pautean” la agenda y crean “la realidad”.
“Ciudadano de a pie”
Este segmento recibe el 34% del ingreso total nacional, y está compuesto por los sub grupos E, D y por la mayoría del C3.
En general:
Ganan sueldos iguales o menores a $ 350.000 mensuales (promedio nacional).
Son empleados sin rango, obreros, técnicos, artesanos y microempresarios; comerciantes menores, choferes, jardineros, aseadores, cuidadores, cartoneros, “temporeras”, empleadas domésticas, costureras; pirquineros, pescadores y campesinos; soldados y suboficiales. También hay profesores.
Muestran altos índices de stress: amenaza de cesantía, deudas, dificultades para “llegar a fin de mes”.
Predominan las mujeres; se concentran en zonas rurales, ciudades pequeñas y barrios populosos de grandes ciudades.
Proporcionalmente, tienen mayor presencia en las regiones de la Araucanía, Coquimbo, Maule, Bío-Bío, Los Ríos, Arica y Parinacota, y la de O’Higgins.
En Santiago, habitan en casi todas las comunas, menos en el “barrio alto”.
Poseen una sola vivienda, de hasta UF 1.500. Hay unas cuatro personas por hogar, y tienen que compartir las piezas. Algunos tienen TV cable y/o PC, y pocos están conectados a Internet.
En el presupuesto familiar, el mayor porcentaje lo ocupa la alimentación y bebida. Este segmento presenta los mayores niveles de obesidad. Poco acceso al deporte y escasas áreas verdes.
Presentan la mayor parte de los casos de adolescentes embarazadas, existe un menor uso de preservativos, y son más partidarios del aborto.
Pertenecen a Fonasa y se atienden en el sistema de Salud Pública. Escaso acceso a tratamientos dentales. Bastante presencia de enfermedades laborales.
Los hijos asisten a la Educación Municipal y Particular Subvencionada. Menos de la mitad tiene la enseñanza media completa. Pocos con educación superior.
Su principal medio de información es la TV y la radio. Escasa lectura.
Tienen pocos automóviles, son antiguos y se utilizan como herramientas de trabajo: taxis, furgones, camionetas. La mayoría se moviliza en locomoción colectiva.
Se ve más expuesta a la contaminación y a la presencia de basurales. Mayor tasa de bebedores problema y adictos a la pasta base. La gran mayoría de la población penal es de este sector.
Se muestran con más “fe” y hay mayor concentración de evangélicos. Creen más en “brujerías”.
Vacacionan en lugares cercanos a su residencia. Casi no usan el avión ni han viajado fuera del país.
Su liderazgo se manifiesta en organizaciones poblacionales, estudiantiles y de trabajadores.
“Acomodados”
Este segmento concentra el 66% del ingreso total nacional, y está compuesto por los sub grupos ABC1, C2 y una pequeña parte “superior” de C3.
Es un sector heterogéneo: el sub grupo ABC1 (con un ingreso familiar superior a $ 1.710.000 mensuales) es doblemente más rico que el C2.
En general:
Poseen sueldos individuales superiores al promedio nacional.
Son profesionales, empleados con rango, ejecutivos, técnicos, comerciantes medios y grandes, empresarios, científicos, oficiales de las FF.AA. También hay obreros especializados, como los de la gran minería del cobre. Ocupan los cargos de la “tecnoburocracia”.
La mayoría posee cuenta corriente.
Mayor proporción de hombres, habitantes de barrios residenciales de las grandes ciudades.
Las regiones con mayor porcentaje son la Metropolitana, Antofagasta, Atacama, Aysén y Magallanes.
En Santiago, habitan en las comunas de Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura, Providencia, La Reina, Ñuñoa, Peñalolén, La Florida, San Miguel y Maipú.
Viviendas de UF 1.500 hacia arriba. Por cada hogar, habitan unas tres personas, y cada una tiene su pieza. Poseen TV cable, PC e Internet.
Un buen porcentaje tiene una segunda vivienda, y cuentan con empleadas domésticas.
En su presupuesto, el ítem mayor es transporte y comunicaciones. Muchos han viajado fuera del país. Utilizan aviones.
Existe por lo menos un automóvil por hogar, de modelos actuales.
Los hijos de ABC1 estudian en colegios privados caros. El resto en particulares subvencionados. Educación secundaria completa y buena parte con estudios superiores.
Compran libros y tienen acceso al arte y la “cultura”.
Pertenecen a Isapres y se atienden en clínicas privadas. Acceso a remedios y tratamientos. En sus barrios tienen más áreas verdes, juegos e infraestructura deportiva.
Mayor proporción de católicos.
Fuentes:
Encuesta Casen 2006, Mideplan
Encuesta Calidad de Vida y Salud en Chile 2006
Encuesta Nacional Bicentenario UC Adimark 2006
Encuesta de Consumidores de Servicios de Telecomunicaciones 2008
Encuesta de Presupuestos Familiares 2008 (INE)
Grupos Socioeconómicos 2008 (AIM)
Diario El Mercurio (2006)
“Modelo Rentista de Acumulación”, Marcel Claude (2006)
Agradecemos la colaboración de:
Jaime Ruiz-Tagle V. Investigador Centro de Microdatos, Departamento de Economía, Universidad de Chile
Víctor Manuel Martínez C. Estudiante de posgrado en Economía de la Universidad de Chile.
Casi 40 años lleva esperando el Ministerio del Mar (y Pesca)
Muchos actores de la sociedad chilena apoyan la idea de que crear un Ministerio del Mar (y Pesca), que ordene, fomente y regule la actividad en este “mar que tranquilo nos baña”. Sin embargo, hasta hoy, ningún gobierno ha concretado este anhelo, a pesar del enorme potencial que tiene nuestra porción de océano y de la evidente depredación de los recursos marinos.
Bastantes naciones poseen una cartera dedicada a los asuntos marítimos y oceánicos; como Croacia y Vietnam, países con un litoral harto más pequeño que Chile, en donde contamos con unos 4.300 km de costa. Noruega fue, en 1946, el primer estado que tuvo un Ministerio de Pesca y Asuntos Costeros.
En nuestro país, el sector pesquero y acuícola es uno de los polos productivos con mayor incidencia en el PIB, junto con el minero y el silvoagropecuario. Estos dos últimos sí cuentan con ministerios.
Aproximadamente el 75 % del comercio exterior de Chile se efectúa por mar. En él hay muchos recursos sin explotar, como el gas natural. Nuestras costas son de importante interés turístico.
En 1947 el Presidente Gabriel González transformó a nuestro país en el primero del mundo en proclamar su jurisdicción marítima en un área de 200 millas náuticas.
En Chile la administración de la actividad pesquera se remonta a 1964, cuando se creó, a cargo del Ministerio de Agricultura, un Departamento de Pesca, y la Corfo formó el Instituto de Fomento Pesquero (Ifop).
Cuando estuvimos a punto
A pesar de no estar establecido en el programa de la Unidad Popular, en 1971 Allende decidió crear un Ministerio del Mar.Humberto Martones, que entonces era ministro de Tierras y Colonización, fue nombrado para encabezar la futura cartera. El antiguo político radical cuenta que el Presidente tenía el temor de que al cobre le pasara lo mismo que al salitre, que decayera por la competencia de otros metales o de la fibra de vidrio. “Tenemos que salir a la búsqueda de otras fuentes de riqueza, dijo Allende; debemos mirar hacia el mar. Estamos en la cuenca del Pacífico y existen países emergentes como Japón y Corea. Podríamos ser la puerta para que los productos de esos países lleguen a América del Sur y viceversa”, recordó.
“Queríamos sustituir el consumo de las carnes rojas, ya que ello significaba dependencia del exterior. El producto del mar es muy rico en proteínas, y con ellas podríamos tener gente bien alimentada”.
“Recibimos el apoyo incluso de los parlamentarios de la oposición. El Ministerio del Mar se iba a establecer en Valparaíso, en el edificio que hoy día tiene la Intendencia”.
“A través de una empresa que se llamaba Cor-Pesca, tomamos como Estado el control de las exportaciones de los productos del mar: harina y aceite de pescado, langostinos, camarones. Duplicamos el ingreso de divisas porque los empresarios dejaban la mitad de ellas fuera”.
“Antes de un año se pasó de consumir cinco a 15 kg de pescado por persona. Ese esfuerzo contó con el apoyo de los pescadores artesanales, de los tripulantes de las pesqueras industriales, de los sindicatos y de las juntas de vecinos. De la Unión Soviética trajimos barcos pesqueros que nos permitieron abastecer el consumo”.
“No obstante, tras haber sido aprobado el proyecto en la cámara, fue rechazado en el Senado. Para ese entonces la vida política ya era intratable: los mismos DC que lo habían apoyado, se opusieron a su creación”, narró Martones.
Un participante directo fue Santiago Olmedo, ingeniero en pesca y armador artesanal. “A fines de 1971 se firmó un convenio bilateral pesquero entre Chile y la URSS. Para allá partimos 34 jóvenes, a estudiar a la universidad de Ástrajan; el objetivo era que a nuestro regreso integráramos el nuevo Ministerio. El golpe de 1973 nos pilló en plena carrera, por lo que debimos quedarnos en la URSS; de los que terminaron los estudios, un grupo partió a Mozambique. Hoy no son más de cuatro los que nos dedicamos a esta actividad”, relató Olmedo.
¿Apoyo Transversal?
En 1976 se constituyó una Comisión para el estudio de una Política Oceánica. Entre ese año y 1978 se creó la Subsecretaría de Pesca, bajo la tutela del Ministerio de Economía. También se formó el Servicio Nacional de Pesca.
Durante el primer año de transición democrática (1990), la senadora Laura Soto (PPD) pidió al gobierno que enviara al Congreso un proyecto de ley para crear el Ministerio del Mar. Éste debía tener competencia sobre todas las materias relacionadas con la actividad marítima, portuaria y pesquera, “superando las graves deficiencias que ellas presentan en la actualidad", argumentó. Esa petición contó con el respaldo del Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Jorge Martínez Busch.
Hacia 1992 fue publicada la "Ley General de Pesca y Acuicultura" y diez años después, la llamada “Ley Corta de Pesca”. Desde entonces y hasta el 2008, varios parlamentarios –entre ellos los senadores José Ruiz Di Giorgio (DC) y Alejandro Navarro (PS)- han insistido en el Congreso sobre la necesidad de crear un Ministerio del Mar o de Pesca, para enfrentar los problemas que ha generado esa legislación.
En septiembre, el diputado Alberto Robles (PRSD), presentó un Proyecto de Acuerdo que solicita a la Presidenta considerar la creación de un Ministerio de Pesca. “De no modernizar y fortalecer nuestra institucionalidad al respecto, corremos el riesgo de postergar nuestro protagonismo en la economía marítima internacional y, por tanto, mermar nuestro desarrollo país ostensiblemente”, indicó. Tuvo apoyo de diputados RN y concertacionistas.
Marcelo Forni, diputado UDI, dice no oponerse a la creación de un Ministerio del Mar (y de Pesca). No obstante, cree que primero es indispensable elaborar una propuesta común, clara y de fondo, para el desarrollo del potencial oceánico chileno. Expuso que esto es urgente, pues existe un crecimiento inorgánico de todo lo relacionado con el mar: borde costero, pesca y bahías (como la de Quintero), que está generando múltiples problemas. “Para esto debiera conformarse una Comisión Nacional que elaborara un plan estratégico, que podría tener como una de sus conclusiones la creación de un Ministerio”, acotó.
Según Cosme Caracciolo, secretario de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, “es una aberración que no exista dicho Ministerio. Toda la gente de mar lo apoya: pescadores, portuarios, marinos mercantes”, afirmó. En opinión del dirigente, la causa de que ningún gobierno “le ponga el cascabel al gato” estaría en los intereses de las grandes empresas pesqueras -con influencia en la DC y la derecha-, que prefieren la desregulación: “a mar revuelto, ganancia de tiburones”, expresó.
El subsecretario de Pesca, Jorge Chocair -consultado por la revista Aqua-, señaló: "lo que anhelo como institucionalidad es un Ministerio de Pesca, pero creo que en el presente no están dadas las condiciones para eso”.
Nuestro país no estuvo ajeno a la ola autogestionaria que vivió el mundo en las décadas de los sesenta y setenta. En esa época, la mayoría de las fuerzas sociales y políticas apoyó la creación de empresas de trabajadores y de un área social de la economía. Ambos anhelos quedaron truncados por dos episodios traumáticos: la dictadura militar y la implantación del modelo neoliberal.
por Cristian Sotomayor Demuth
Decir empresas de trabajadores es hablar de unidades autogobernadas en forma democrática por sus propias comunidades laborales, que se coordinan en un área social de la economía.
La historia muestra que la envoltura jurídica de estas experiencias ha sido variada: cooperativas de trabajo, sociedades anónimas o de responsabilidad limitada y diversas formas de propiedad pública, estatal o municipal.
Las fuentes más influyentes hacia 1965 fueron el modelo socialista autogestionario de Yugoslavia (a partir de 1950) y la conformación, desde 1960, del Complejo Cooperativo de Mondragón en el país vasco (apoyado por la Iglesia Católica).
Para esa época, en Chile estaba en su segundo año el gobierno demócrata cristiano de Eduardo Frei Montalva. Algunos miembros de ese partido propusieron un programa titulado “Vía No Capitalista de Desarrollo”. En él se pedía el desarrollo de un área de la economía nacional donde prevaleciera la administración de los trabajadores. En los 100 años previos, el número de cooperativas de trabajo registradas en Chile nunca había llegado a la decena. Esto cambió a partir de 1967, por la voluntad del gobierno de crear un modelo de empresa de trabajadores. Se encargó al Servicio de Cooperación Técnica (STC) que desarrollase un programa orientado a generarlo. Ese año se creó al interior del STC el Departamento de Experimentación de Nuevas Formas de Empresa (Enfe), pero el gobierno no asignó los recursos suficientes. Entre 1965 y 1970, el Estado ayudó a la formación de 22 empresas de trabajadores, todas ellas con escaso capital y que sus dueños habían dejado al borde de la quiebra. Hacia 1969 se formó la Federación Nacional de Empresas de Trabajadores, que asociaba a 20 experiencias (con cerca de mil trabajadores), de un total de 30.
Cabe destacar que en 1968 se produjeron dos hechos que pusieron en el tapete la demanda por autogestión: el Mayo francés y la Primavera de Praga.
Las campañas de Salvador Allende (Unidad Popular) y de Radomiro Tomic (Democracia Cristiana) subrayaron en 1970 la importancia de la participación de los trabajadores y la necesidad de formar un área social en la economía. El debate se prolongó durante los mil días de “la vía chilena al socialismo”. Mientras la DC afirmaba que la planeación estatal llevaría al control burocrático, la UP sostenía que el mercado conduciría al dominio tecnocrático de la experiencia. Si bien todos apoyaban la formación de empresas manejadas por sus trabajadores, la divergencia estaba en su relación con el área de propiedad social: la UP las quería dentro –con autonomía- y la DC fuera, en un área propia (particular). Aunque se creó una comisión negociadora, la UP y la DC se vetaron mutuamente sus respectivos proyectos de ley sobre esta materia.
A pesar de esta disputa, el establecimiento de las empresas de trabajadores se aceleró en el régimen de Allende: para septiembre de 1973 había cerca de 120, que empleaban a unas 8.000 personas (tres cuartas partes de ellas agrupadas en la Federación de Brigadas y Empresas de Trabajadores). Cincuenta correspondían a cooperativas de trabajo.
Apoyados por la izquierda radicalizada (bajo la consigna de crear “poder popular”), los trabajadores pasaron a tomarse –y a dirigir “de facto”- más empresas de lo planeado por el gobierno para la formación de las áreas social y mixta. Es así como de 596 unidades que llegó a controlar el Estado en 1973, 325 correspondían a empresas intervenidas por iniciativa obrera. En respuesta al boicot patronal -desde 1972-, los trabajadores organizaron la economía a través de consejos obreros denominados Cordones Industriales que, articulados con otros sectores, iniciaban la creación de Consejos Comunales de Trabajadores. Para septiembre de 1973 se calculaba que existían alrededor de 100 de esos organismos en todo Chile.
DICTADURA, SHOCK NEOLIBERAL Y RECESIÓN (1973-1982)
Desde el golpe de Estado y hasta mediados de 1975, se dio un período paradojal en la historia de las empresas de trabajadores. Había altos oficiales de las FF.AA. que adherían a ideas socialcristianas y corporativistas y que miraban con simpatía o con tolerancia a estas iniciativas. Esta época coincidió con la indefinición al interior del régimen, por lo que convivían distintas opciones de desarrollo: nacionalista, liberal, desarrollista, etc. Simultáneamente se reprimió y persiguió al movimiento sindical y a la militancia izquierdista.
El ministerio de economía tomó la iniciativa de reactivar el programa de empresas de trabajadores del STC. En los casos de devolución de empresas estatizadas o intervenidas -cuyos propietarios históricos no querían o no podían hacerse cargo de ellas nuevamente- la primera opción para comprarlas se les dio a sus trabajadores.
A fines de 1973, el Cardenal Raúl Silva Henríquez, inquieto por la cesantía de numerosos dirigentes sindicales despedidos, decidió impulsar la creación de este tipo de empresas. La diócesis de Santiago encargó la tarea de formar un sistema de apoyo para estas iniciativas a la Fundación para el Desarrollo (Fundes). Ésta convocó a varios profesionales para poner en marcha un Sistema de Financiamiento de la Autogestión (SFA). El Cardenal se implicó personalmente en la consecución de recursos vía cooperación internacional. Entre ese año y 1974 se creó la Federación Chilena de Cooperativas (Fecoop).
Mientras tanto, en Portugal -con la “Revolución de los claveles”- se constituyeron empresas autogestionadas; en Perú, el Estado creó un “sector de propiedad social”; y en EUA se lanzó el Plan Kelso y Esop (para la Adquisición de Acciones por los Empleados), que ha permitido la formación de muchas empresas cuyos accionistas mayoritarios son los mismos trabajadores.
De 1973 a 1975, gracias al SFA y al Instituto de Cooperativas de Trabajo (ICT) –también creado en esos años-, se incorporaron medianas y grandes empresas. Se constituyeron más de 50 nuevas cooperativas de trabajo, llegando el sector a contar con su mayor número de unidades (130) y socios trabajadores: casi 9.000.
A mediados de 1975, la Dictadura tomó la opción definitiva por un modelo neoliberal, en donde la alternativa cooperativa no tenía ningún espacio; por ello se cerraron rápidamente todas las actividades que agencias públicas desarrollaban en este campo, incluidas las del STC. Esto coincidió con la crisis del petróleo, generando muchos problemas económicos y el aumento del desempleo, lo que complicó el desempeño de las empresas de trabajadores.
En 1975, el SFA decidió crear la cooperativa de ahorro y crédito ACL, destinada a generar recursos financieros para el sector. A fines del año siguiente se constituyó el “Instituto de la Autogestión” (INA), que sería el organismo de concertación y de asistencia técnica para las empresas de trabajadores. Poco después, el Banco Central coartó el accionar de las cooperativas de ahorro y crédito, por lo que las funciones de ACL se vieron seriamente limitadas a partir de 1977. Ese año Fundes compró la Financiera de Interés Social (Fintesa).
Las elevadas tasas de interés, la salida de Chile del Pacto Andino y la apertura a la competencia extranjera, produjeron una situación crítica para las empresas de trabajadores, especialmente en las del rubro manufacturero y en las de tamaño medio y grande. El desmantelamiento de la organización sindical, las limitaciones del derecho de reunión y las censuras que sufrieron las publicaciones, crearon serios impedimentos para la coordinación entre los trabajadores del sector.
Esto contrastaba con lo que ocurría en el resto del mundo: en 1977 se creó en París el Centro Internacional de Coordinación de Investigaciones sobre la Autogestión (Cicra). Se puede afirmar que este hecho marca el punto más alto de la moda autogestionaria de aquella época: todas las izquierdas, más el humanismo cristiano y los ecologistas se mostraban partidarios de ella. Otra muestra de esto fue la fundación en España del Instituto Intercultural para la Autogestión y la Acción Comunal (Inauco).
En Chile, según el INA, este sector abarcaba en 1979 a unas 60 empresas de trabajadores, con cuatro mil operarios. Durante los años 79-80 numerosos grupos de trabajadores interesados en incorporarse a la autogestión no pudieron ser atendidos, debido a la cuantía de recursos que ello comprometía. Fintesa atravesó por dificultades en 1981, lo que motivó la congelación de operaciones crediticias a las empresas.
Durante 1982 estalló una crisis económica que tuvo fuerte impacto en la economía y en la sociedad: el desempleo llegó al 26% de la fuerza laboral y el producto cayó en un 16%. El INA suspendió sus actividades.
LUCHA POR LA DEMOCRACIA (1983-1989)
Este período se inició con la reorganización política de las fuerzas de oposición, unido a las primeras manifestaciones masivas en contra de la dictadura.
A comienzos de 1983 nació –a partir de Fintesa- el Banco del Desarrollo (Bandes). Su objetivo fue apoyar al desarrollo de la mini, pequeña y mediana empresa. Ese año se constituyó “Desarrollo y Gestión de Empresas de Interés Social” S.A. (Degisa), organismo orientado a dar asistencia técnica a empresas de participación.
En 1983 se registraron no más de 10 cooperativas de trabajo activas. La política general del gobierno en el campo del sector cooperativo era francamente restrictiva, siendo muy compleja la creación de cualquier nueva unidad.
El aumento de la llegada al país de recursos vía cooperación internacional, significó que una red de ONGs apoyaran a gran cantidad de iniciativas de pobladores destinadas a paliar los efectos de la crisis económica. Éstas se denominaron Organizaciones Económicas Populares (OEP) y entre ellas existieron numerosos e informales talleres productivos de trabajadores.
Durante la segunda ola privatizadora impulsada durante la dictadura (1985-1989), los trabajadores participaron en la compra de empresas estatales, como parte de una política gubernamental de Capitalismo Laboral. En algunas empresas menores, en el sector eléctrico e informático (Ecom S.A.), los trabajadores adquirieron el 100% de la propiedad. No obstante, después de algunos años, esas empresas desaparecieron o los trabajadores vendieron su participación.
Distinto fue el caso de las Sociedades Anónimas Laborales, figura legal creada en España hacia 1986, en donde los trabajadores –propietarios del 51% de las acciones- no pueden venderlas a terceros que no laboren en ellas.
La Fecoop, rearticulada en el marco de la Confederación General de Cooperativas de Chile (Confecoop), se incorporó en el proceso de elaborar un Proyecto de Desarrollo Cooperativo. Esta acción gremial fue bastante exitosa a la hora de conseguir fondos de la cooperación internacional no gubernamental. Por iniciativa de Fecoop se constituyó, en mayo de 1988, la Federación de Empresas, Cooperativas y Talleres Asociados Fecot A.G. Ella agrupó a numerosas empresas y talleres (en su mejor época llegaron a ser más de 50 unidades). Para dar a estas empresas una estructura de sistema se creó –en conjunto con otras instituciones- un organismo de financiamiento: la Cooperativa de Ahorro y Crédito Liberación (Credicoop) y se reflotó el Instituto de Cooperativas de Trabajo ICT -que entregaba asistencia técnica.
En el plebiscito del 5 de octubre de 1988 triunfó la opción No a la continuidad de la dictadura.
TRANSICIÓN: EXPECTATIVAS INCUMPLIDAS (1990-2008)
La mayoría de la población chilena tenía la esperanza de que con el retorno a la democracia -a contar de marzo de 1990-, se produjera el cambio del modelo económico. Sin embargo, la transición pactada -entre la Concertación, la derecha y los militares-, condujo a una democracia restringida y a un neoliberalismo corregido, que no dio cabida a ninguna visión alternativa.
A partir de 1991 se desmoronó la URSS, y se terminó la experiencia de los “socialismos reales” en Europa Oriental, incluyendo la desintegración sangrienta de Yugoslavia y de su modelo de autogestión (en crisis desde fines de los años 70, atenazada entre la burocracia y la lógica mercantil).
En este contexto, varias ONGs intentaron fortalecer la autonomía de la sociedad civil y promover la Economía Solidaria. Para esto, se reforzó un micro medio de comunicación (boletín La Hoja), se realizaron ferias masivas (de la Solidaridad –Fesol-) y se creó la Red de Información de la Economía Popular y de Solidaridad (Integrando). Todo esto terminó a fines de 1996, debido a que nuestro país ya no era considerado un objetivo de las agencias internacionales de cooperación. Se desactivó la Fecoop-Fecot, desaparecieron la mayor parte de los talleres laborales y las ONGs se reconvirtieron para ejecutar los planes estatales.
En torno al 2000 terminó la experiencia conocida como Metalgas, una empresa de trabajadores iniciada en 1968 con el nombre de Ardygas. A partir de 1983 funcionó con un modelo de cogestión entre los operarios y un grupo de profesionales (Degisa), bajo la estructura de sociedad anónima. En la misma época se constituyó Coopextel, la cooperativa de ex trabajadores de la Compañía de Telecomunicaciones de Chile, que logró integrar a cerca de 900 trabajadores, siendo la cooperativa de trabajo más grande del país. Sin embargo, debido al cambio en las bases de licitación de Telefónica (transnacional española), esta empresa se vio obligada a transformarse en una sociedad anónima en 2005 y su sobrevivencia se ha complicado muchísimo desde entonces.
Desde 2002 existe en Chillán una empresa de trabajadores del rubro construcción llamada Construcoop, que en su mejor momento llegó a contar con 250 obreros y empleados. Su particularidad –comenta Rafael Contreras, gerente- es que funciona ligada a un complejo asociativo, conformado por la cooperativa abierta de vivienda Chillancoop (1981) y la empresa constructora Chillán S.A. (1998) –propiedad de la anterior. Esto les ha permitido edificar viviendas mucho más baratas y de mejor calidad.
Por esos años se creó –al alero de la Universidad de Chile- el Programa Interdisciplinario de Estudios (Pro-Asocia), que ha generado una línea de investigación y promoción del modelo de cooperativas de trabajo.
En 2006, el Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) retomó -después más de 30 años-, su línea con cooperativas de trabajo.
HOY: EMPEZAR DE NUEVO
En la actualidad existen en Chile -según datos del Departamento de Cooperativas, del Ministerio de Economía-, un total de 155 cooperativas de trabajo activas, con un total aproximado de 2.200 socios. Sin embargo, según la opinión de dirigentes del sector, en la práctica sólo funcionaría un tercio de ellas.
Actualmente la Fecoop-Fecot asocia a menos de 20 pequeñas unidades y no cuenta con oficina propia. Horacio Azócar, su presidente, enfatiza que la Concertación tiene una deuda pendiente en este tema, ya que ha abandonado la demanda de la Asamblea de la Civilidad (1986) en cuanto a crear un sector de economía social con apoyo del Estado. A fines de 2007 se creó la Federación Regional de Cooperativas de Trabajo (Ferecot) que hoy día agrupa a seis pequeñas empresas de Santiago. Su presidente, Carlos Arratia, señaló que aunque mantienen diferencias con la Fecoop-Fecot, se encuentran en conversaciones permanentes.
Ambos dirigentes expresaron que los dos mayores problemas para el desarrollo de las empresas de trabajadores en Chile son el cultural y la institucionalidad. Por más de 30 años tanto la hegemonía comunicacional como las reglas del juego legales han propiciado la atomización individualista, generándose una cultura de la desconfianza y una desvalorización de lo colectivo. Este “arreglárselas solo” ha estado incentivado con políticas para exaltar la imagen del “empresario”, en desmedro del trabajador que emprende asociativamente. La mayoría de los instrumentos del Estado están diseñados para apoyar la gran empresa capitalista (entregando millonarios subsidios), mientras que existen muchas trabas y obstáculos para la materialización y desarrollo de los pequeños emprendimientos.
Aprendiendo de los fracasos
Tantos fracasos no han sido en vano, y en Chile se ha producido una gran cantidad de reflexión académica al respecto. De todos esos aportes, son destacables –por la profundidad de análisis- estos:
“Formación de Oligarquías en Procesos de Autogestión” (1982), del sociólogo Darío Rodríguez. Siguiendo la línea investigativa de Robert Michels, hace una relectura de la “Ley de hierro de las oligarquías” desde la óptica de la teoría de sistemas. Con la tutoría de Niklas Luhmann, revisa el caso chileno entre 1967 y 1970, para concluir que cualquier iniciativa autogestionaria debe estar consciente de lo que denominan “Ley de la complejidad” y “Manto Protector”, pues, de no ser así, es improbable que sobrevivan como tales.
“Empresa de trabajadores y economía de mercado” (1982), y “Economía de solidaridad y mercado democrático” (1984-1988), del filósofo y economista Luis Razeto. Este autor intenta generar una teoría económica “comprensiva” que dé cuenta de fenómenos como el cooperativismo y la autogestión, identificando los factores económicos Trabajo y Comunidad (Factor C), como potenciales organizadores de empresas y de la economía. Elabora una reconceptualización de la noción de mercado –proponiendo su democratización- y plantea reformas a la estructura tradicional de las cooperativas en vistas a posibilitar su desarrollo y expansión.
Fuentes:
“La participación de los trabajadores en la industria chilena, 1970-1973”, Juan Espinosa, Andrew Zimbalist (1978)
“Capitalización de una experiencia en empresas de autogestión y participación”, Aldo Meneses (1991)
“¿La propiedad? ¡Todo el poder a los trabajadores!”, Manuel Riesco (1997)
“Los cordones industriales y el socialismo desde abajo”, Miguel Silva (1997)
“Las cooperativas de trabajo en Chile”, Mario Radrigán y Luis Hernández (2006)
En diversas partes del mundo, grupos y organizaciones sociales protestan por el aumento de los juegos de azar y por la construcción de nuevos casinos. Pero los chilenos aún no toman conciencia de los perjuicios asociados a esta “industria”, con dos excepciones: en Isla de Pascua y en el puerto de San Antonio una parte de la comunidad se ha opuesto a la instalación de una casa de apuestas. Existen 18 nuevos casinos a lo largo de Chile.
Por Cristian Sotomayor Demuth
A la larga lista de juegos de azar y de apuestas promocionadas por todos los medios –“participa y gana”-, en los últimos años se sumó la multiplicación de casinos que se están construyendo en todo Chile. Pero este no es un fenómeno exclusivamente nacional.
Según un informe (2006) de consultora Price Waterhouse Coopers, se espera que para el año 2010 los ingresos mundiales del juego alcancen los 125.000 millones de dólares. Se estima que cada habitante de América Latina consagra un promedio de 250 dólares anuales al juego de azar.
En 1998, Mempo Giardinelli, escritor argentino, analizaba: “la pasión por los juegos de azar, así como el desenfrenado fomento reciente, también han respondido a una verdadera política de Estado. Es verdad que siempre hubo juego, pero es muy fácil comprobar que en los últimos treinta años han sido los sucesivos gobiernos los que lo han fomentado. ¿Por qué? (…) También se dijo que era una manera de recaudar dineros mediante los elevados impuestos a los juegos de azar. Pero esto, sin ser falso, no responde cabalmente la pregunta. Lo que los gobiernos impulsan fomentando el juego —es mi hipótesis— no es otra cosa que una forma eficiente de control social. Y es que cuando la desesperanza gana a la gente, la gente se inventa esperanzas mágicas. El juego, la timba, es siempre una esperanza. Irracional y azarosa, pura tómbola lúdica, pero esperanza al fin. Por eso los gobiernos, cuando no pueden dar respuesta a las buenas y naturales expectativas de la sociedad, fomentan ese tipo de ilusiones que anestesian a la gente, la mantienen ocupada y distraída, y de hecho hacen que esa gente no cuestione nada”.
Casinos para todos: algo no huele bien
En Chile, la iniciativa partió de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y, tras cuatro años de trámites –con varios detractores entre los parlamentarios-, se promulgó la Ley General de Casinos (N°19.995), en 2005. Ese mismo año se creó la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), cuya dirección recayó en Francisco Javier Leiva, un ingeniero civil UC cercano a la Democracia Cristiana.
En febrero de este año, en una entrevista para Radio Duna, el superintendente explicó que a los siete casinos existentes en nuestro país, se agregarán otros 18 hasta el 2015, los cuales irán acompañados de hoteles y centros de convenciones. Junto con destacar la generación de empleos -y la obligación que tienen de desarrollar obras culturales-, el superintendente mencionó que a los casinos se les cobrará un impuesto especial del 20% sobre el ingreso bruto proveniente del juego. De él, la mitad se destinará a los municipios y el otro 50% irá a los Fondos de Desarrollo administrados por los Gobiernos Regionales. Leiva afirmó que esos recursos deberán destinarse sólo a inversiones en obras públicas y no a gastos operacionales. Señaló que, hasta el momento, están operando 10 casinos, con 5.200 empleos directos y una inversión de US$ 711 millones. De éstos, el 53% corresponde a consorcios extranjeros. La ley establece de uno a tres casinos por región, separados por un mínimo de 70 km viales entre sí. El superintendente contó que, en promedio, cada visita al casino gasta –sólo en concepto de apuestas-, aproximadamente $ 25.000.
Este proceso no ha estado exento de dudas y críticas. Desde mediados de 2005 existe una fuerte oposición al casino en Isla de Pascua. El alcalde y tres concejales eran partidarios, mientras los otros tres miembros del concejo municipal lo rechazaron. Hubo cartas a los diarios, al entonces presidente de la República, Ricardo Lagos, y a la Unesco. El movimiento opositor, liderado por jóvenes Rapa Nui, desmontó uno por uno los argumentos sobre el supuesto “progreso” que traería el casino a la isla, y abogó por una alternativa de desarrollo sustentable y sostenible, acorde con la calidad de Patrimonio de la Humanidad que Isla de Pascua posee desde 1995.
En octubre de 2006 la Cámara de Diputados creó una Comisión Investigadora para estudiar el proceso iniciado con la ley general de casinos. Presidida por Pablo Lorenzini, aunque en julio de 2007 el informe fue rechazado por la Cámara (26 votos a favor, 39 en contra y 13 abstenciones), indicó que "las conductas y actos del Superintendente lo califican como una persona que no otorga las garantías de ecuanimidad y transparencia indispensable para el desempeño de su cargo. Por lo que se propone a la Sala se acuerde solicitar a la Presidenta de la República su remoción”.
Una fuente que prefirió mantenerse en el anonimato -quien trabajó un tiempo para Peter LeSar, representante de Thunderbird, empresa que participó en la licitación de casinos-, recuerda: “todo era muy turbio. La Superintendencia lo dejó fuera; el gringo apeló a la Contraloría, donde le dieron la razón a él, pero Leiva dijo que el fallo no era vinculante y se lo jodió. Oscuro. El superintendente estaba relacionado con el monopolio de los casinos en Chile, propiedad de una sola familia DC, la que se ganó casi todas las licitaciones”. Y agrega: “La ley en Chile fue hecha casi a la medida de los actuales propietarios, consolidando el monopolio de la familia Fisher, por ejemplo, cuya omnipresencia fue ratificada por el proceso de licitación, el que además estuvo lleno de ‘percances’. Hubo acusaciones de todo tipo: agentes secretos investigando, demandas a Thunderbird en Panamá, amantes de jefes de servicios acusadas de ‘arreglines’; un enjambre de cosas bastante gráficas del medio en cuestión”. El informante continúa: “Según me parece, el problema comienza con la propia Ley de Casinos, pensada para instalar verdaderos guetos del derroche y del glamour en diversas partes de Chile, absolutamente desvinculados de los intereses ciudadanos o comunitarios. En ellos la realidad local quedaba reducida a un ícono del marketing para captar clientes, a un fetiche consumible”.
En septiembre de 2008, elsenador Ricardo Núñez presentó un proyecto de ley tendiente a prevenir la ludopatía o adicción a los juegos de azar, iniciativa que se vio complementada -a comienzos de este año- con la creación de unaComisión de Gobierno que preside el senador Carlos Bianchi. Identificar el porcentaje de la población chilena que sufriría ese desorden de comportamiento, es uno de los temas que esta Comisión despejará en el marco del estudio del proyecto. De aprobarse, obligaría a los operadores de recintos de juego a exhibir advertencias, similares a las que se utilizan con los cigarrillos y el alcohol, sobre esta patología o los efectos en su salud.
Barricadas y enfrentamientos con carabineros tuvieron las protestas contra la construcción del casino en San Antonio, en enero de este año. Los trabajadores que laboran en el principal paseo de este puerto -de los sindicatos de restaurantes, garzones, artesanos, pescadores y vendedores de productos del mar- mostraron su rabia en una manifestación que reunió a más de 200 personas. No es para menos: las obras que levantan una inmensa mole que albergará al casino, a un hotel y a un mall, tienen copado el sector, por lo que la actividad comercial ha bajado en un 70%. Además, los dirigentes estiman que la competencia de ese inmenso complejo –que ya no deja ver el mar a los transeúntes de la plaza de San Antonio- llevará a la quiebra a muchos pequeños negocios, generando más cesantía en una provincia que ya sufre por ello.
Ricardo Mascheroni, docente e investigador en la Universidad Nacional del Litoral (Argentina), escribió en octubre de 2008 (Argenpress): “Anticipándose a los tiempos de vacas flacas en su respectivos países, las grandes operadoras de casinos salieron a la caza de nuevos incautos en las zonas periféricas del mundo, presionando o induciendo a las autoridades respectivas a aceptar la instalación de salas de juegos en sus territorios. Los consabidos cantos de sirenas para poder radicarse en uno u otro lugar, repiten hasta el hartazgo la muletilla de que generarán más inversión, mayor recaudación de impuestos, turismo y la creación de miles de puestos de trabajo, lo que casi nunca se cumple y siempre el remedio es peor que la enfermedad. Debe haber existido una mirada tuerta, cuando no directamente interesada en el tema, que ha jerarquizado el aspecto económico y la rentabilidad de unos pocos, sin un análisis profundo y serio sobre los impactos negativos de los mismos en la economía, trabajo, salud y valores sociales de los pueblos”.
Costo/Beneficio: 2 a 1(recuadro 1)
Uno de los estudios más comentados ha sido el de los investigadores de la Universidad de Illinois (EUA), Earl L. Grinols y David B. Mustard: "Rentabilidad Económica contra Rentabilidad Social: Evaluando Negocios con Externalidades, el Caso de los Casinos” (2002).En él se indica que el proceso de aprobación del juego por las comisiones gubernamentales suele tener defectos, y puede también torcerse debido a las masivas presiones de la industria del ramo. Entre 1991 y 1996, los consorcios del juego pagaron más de 100 millones de dólares en donaciones a los legisladores y gastos de grupos de presión.
En cuanto a la cuestión de los beneficios económicos creados por los casinos, los investigadores observan que no es suficiente con sólo contar el número de puestos de trabajo creados. De hecho, los nuevos empleos generados por un casino suelen compensarse con las pérdidas de los negocios cercanos que se ven dañados, como los restaurantes y otras alternativas turísticas.
Demuestra que el juego implica costos sociales como el aumento del crimen (por ejemplo, fraude y malversación), la pérdida de tiempo de trabajo, las bancarrotas y dificultades financieras para las familias del adicto, los suicidios, y los costes familiares como el descuidar a los hijos. Estos problemas cuestan a la economía 54 mil millones de dólares anuales, es decir, casi la mitad de los causados por el abuso de la droga en los Estados Unidos.
Determinaron que en un periodo de 20 años los condados estadounidenses que han contado con casinos aumentaron en 44% su índice delictivo, superando ampliamente la media nacional.
Los ahorros y fondos destinados a gastos individuales diseminados, son absorbidos por unos cuantos empresarios del juego, en detrimento de la mayoría de la población, que podría dedicar tal ingreso a actividades de producción, inversión u otros consumos que favorecerían la distribución del ingreso en espectros geográficos y poblacionales locales y regionales.
Los investigadores encontraron que los costos de los casinos son por lo menos 1.9 veces más grandes que los beneficios.
El Instituto Vanier para la Familia de Canadá hizo público un estudio (2006) titulado: "Gambling with our (Kids') Futures: Gambling as a Family Policy Issue". La autora, Arlene Moscovitch, lo grafica afirmando que la pérdida de juego por adulto en Canadá en el periodo 2003-2004 fue de unos 50 dólares canadienses por persona al mes; que el gasto por hogar se estima en 1.080 dólares canadienses, una suma más alta de lo gastado en educación y cuidado personal; que los hogares con menores ingresos gastan en el juego proporcionalmente más de sus recursos económicos, convirtiéndolo en una especie de impuesto regresivo voluntario; y que cerca del 40% de los ingresos que el gobierno obtiene del juego provienen de población adulta que lucha con la adicción al juego.
En Estados Unidos, entre el 2 y 4% de la población manifiesta esta patología, cifra que se duplica entre personas que viven a 80 kilómetros a la redonda de un casino.
La visión desde las Matemáticas: a la larga, la casa siempre gana(2)
La posibilidad de morir por un rayo en España es de una entre diez millones, la de acertar la primitiva (un juego de azar) es menor: una de cada catorce millones. Así es, la lotería difícilmente te va a sacar de la pobreza. Esto se desprende de las declaraciones realizadas a la agencia Efe por Olga Juliá Ferran, profesora del Departamento de Probabilidad, Lógica y Estadística de la Universidad de Barcelona, quien sostiene que si uno calculara las probabilidades reales de ganar “se le pasarían las ganas de jugar”.
Según explican Anthony E. Estate y David Groome en Probability and Coincidence, “para tener una expectativa razonable de ganar a la lotería una sola vez tendríamos que jugar todas las semanas durante 250.000 años, durante los cuales habríamos gastado unos 20 millones de euros”.
Claudio Escobar, ingeniero civil UC y profesor de matemáticas, expone su experiencia: “Hace unos años tuve que diseñar un curso de matemáticas para la recuperación de la Enseñanza Media, en Lo Hermida. Me preocupaba ver lleno de máquinas tragamonedas los negocios de la cuadra; casi había más maquinitas que sacos de papas".El profesor recuerda: “En mis clases enseñé abiertamente que esas máquinas traen más daños que beneficios; que conducen a soluciones individualistas, donde la solidaridad colectiva queda en el camino.Los casinos y esas maquinitas están hechas para dar plata al dueño, o sino no las construirían. Su probabilidad subyacente es mayor para el propietario (alta, más de un 50%) y como dice la Ley de los Grandes Números: la probabilidad teórica tiende a confirmarse con la ocurrencia de muchos eventos, por lo tanto, ‘en lontananza’: ¡la casa gana!“.Finalmente, Claudio Escobar explica: “Para quebrar un casino, se pueden estudiar las ruletas o las máquinas y cachar qué números salen más (todo instrumento tiene sus imperfecciones y desequilibrios) y apostarles, pero eso requiere de mucho tiempo y dinero.Yo recomiendo una cosa a los apostadores de las poblaciones: si alguien está viciado y acierta, tome la plata y váyase para la casa, porque lo seguro es que a la larga opere la Ley de los Grandes Números y usted termine por perder esas monedas que había ganado!”.
La mirada de las Ciencias Sociales: juego de imaginarios y fantasías (3)
Jorge Moraga, periodista y antropólogo: “Sin duda es diferente un casino de juegos, de características más elitistas, a las máquinas tragamonedas en los almacenes de barrio. Me parece que ambas, en todo caso, tienen un fundamento similar, que podría rastrearse en la necesidad compulsiva por el derroche que caracteriza a la sociedad latinoamericana y española en general, aún evidentemente marcadas por la fuerza del barroco. No se busca el dinero para el ahorro, sino para la dilapidación, y, en ese sentido, el obtenerlo lo más rápido posible ayuda a esa causa. Al respecto es interesante la comparación del mismo fenómeno en otras culturas. Por ejemplo, la proliferación de juegos de azar y casinos en China, donde también se busca desesperadamente la ganancia, pero en este caso es para iniciar algún negocio y así obtener ‘cara’, prestigio, y establecer ‘guanxi’ (relaciones). En el caso chileno y el chino podría decirse que se observan dos éticas del trabajo -y de relación con el dinero- absolutamente diferentes. Una, basada en la dilapidación y la quema festiva del excedente, la otra, en el ahorro casi ascético”.
Mauricio Rojas, historiador y antropólogo, profesor del Programa de Gestión Cultural de la Universidad de Chile: “Hay que hacer una distinción: toda cultura humana se ha sentido fascinada por la adivinación, la suerte, el pronóstico, el oráculo; saber qué le depara el destino, tener una incidencia en el futuro. Ello es parte de la mitología humana, de la fantasía, y creo que eso es un aspecto saludable; es un componente natural de la humanidad. Distinto es cuando entra el Capital a hacer usufructo de esta característica, cuando, a través de una industria del lucro, juega con las expectativas de la gente, desde las maquinitas de la población, hasta los casinos en las ciudades.
Yo he pensado en una metáfora, que el Chile de hoy es como Las Vegas del cono sur; está rodeado por un desierto, aislado; es un país que se siente más unido a Europa y a EUA que a su propia vecindad, a los cuales desprecia. Un país que se ha tratado de inventar a través de una fantasía -y con una nula lectura crítica de su historia-, como el país del desarrollo, del futuro, que crece, que construye edificios, -con hartas luces de neón-, que sube su estándar de vida, pero de espaldas a su pasado y a sus vecinos.
El chileno medio se ve a sí mismo como un ser exitoso; ahora puede pagar una universidad privada -hay que reconocer a los gobiernos de la Concertación que este país se ha enriquecido; si la gente que antes entraba al casino era el 1% de la población, ahora puede entrar el 35-40%. Somos como los nuevos ricos del barrio, pero creemos más en la industria del entretenimiento que en el sustento cultural del desarrollo.
En Chile carecemos de una cultura más profunda, más sofisticada –que sí la tuvo desde los años veinte en adelante-. Yo creo que en las últimas décadas hemos vaciado el potencial intelectual de este país y hemos aumentado la capacidad de consumo; pero no hay un alto consumo cultural; no se están comprando más libros, ni más discos de la industria nacional, no hay más lectura ni más asistentes al teatro. Aquí no ha crecido el público para el Municipal o el de las salas de exposición; la gente llega al arte cuando es un espectáculo, cuando viene La Fura dels Baus a armar la Muñeca de Cobre. Se prefiere hacer un carnaval en Valparaíso, pero no tenemos financiamiento público para una buena escuela de arte o una academia de teatro en esta ciudad; eso da cuenta de que siempre estamos en la superficie. Y el casino es la figura perfecta de la entretención fácil, superficial, y que te puede llevar al ‘éxito’ y al prestigio; un lugar hedonista, con lujuria, glamour, farándula, gente bonita; es la ‘isla de la fantasía’. Eso es lo que está vendiendo el modelo, el sistema; ahí está, a la mano, y ahora hay plata para ir”.
Roberto Fernández D., psicólogo y Magíster en Psicología Social: “Tenemos en el imaginario la posibilidad del ascenso automático al éxito monetario. El casino se ha convertido en un espacio legítimo y aceptado en donde ahí se puede dar el salto, dejar de trabajar, acceder a los bienes que siempre quisiste. Es un espacio para quedar atrapado, fuera del tiempo, con acceso a comida y lugares para descansar. Es considerado como ‘valor urbano’, turístico, de glamour; en el imaginario se ve que al casino va gente con plata, de la farándula. Es un espacio permanentemente iluminado, con gente bien vestida. Esa experiencia genera una afectividad. El imaginario no sólo entrega un contenido, sino que te vende un afecto. En el casino el individuo se la juega solo. Es una vía personal hacia la meta: vida de ‘ricos y famosos’. Estamos ante una utopía individual.
Antes, el logro económico estaba más vinculado al trabajo, al esfuerzo –que era un camino largo. Actualmente se han ido legitimando los caminos cortos: el juego, la suerte, el azar; y la delincuencia, el crimen organizado. Son caminos paralelos hacia el imaginario del dinero, en que lo común es el riesgo. Y sabemos que a nivel neurológico, el riesgo genera sustancias adictivas, como la dopamina, la adrenalina. Eso encaja con el fomento del ‘deporte aventura’.
Y la falta de regulación sobre el riesgo es lo que caracterizó al llamado Capitalismo Casino, que hoy se encuentra en plena crisis”.
Muchos varones piensan que una sociedad con más poder femenino sería peor para ellos, pero la vida en los pocos “matriarcados” que existen en el mundo, muestra todo lo contrario.
Por Cristian Sotomayor Demuth
La mayoría de la población mundial vive en culturas patriarcales, es decir, en donde el poder, el estatus y el prestigio son mayormente masculinos. Pero existen excepciones; pueblos en donde las mujeres nivelan o incluso superan a los hombres en la toma de decisiones de su comunidad.
La fotoperiodista catalana Anna Boyé ha visitado algunos lugares donde las féminas “la llevan”, como la isla Orango Grande, frente a la costa de Guinea Bissau; una tierra donde las mujeres se organizan en asociaciones que gestionan la economía, el bienestar social y la ley. Son ellas las que imponen sanciones, dirigen, aconsejan, distribuyen, y se las respeta como dueñas de la casa y de la tierra. Los hombres tienen algunas labores específicas –que requieren mayor fuerza-, pero prefieren que las mujeres sean las organizadoras.
A las poderosas mujeres de Juchitán, al sur de México, las localizó Boyé gracias a que una amiga mexicana le comentó que allí los índices de salud eran increíblemente altos. Cuando visitó el lugar, pudo comprobar que los niños se criaban sanos y que la gente parecía saludable y feliz. Allí se mantiene un antiguo matriarcado, que ha tenido que pactar y convivir con el patriarcado dominante. “Sin embargo, los negocios y el comercio están en manos de las mujeres. Es la asamblea de indias zapotecas, la que controla la vida económica de la ciudad. Son reconocidas en todo México por su inteligencia, valentía, habilidad y audacia”, cuenta la fotógrafa.
La más destacable es la etnia Mosuo, que habita en la localidad de Loshui, en la zona suroeste de China, próxima a Myanmar y al Tíbet. Con una población de 35 mil habitantes, se distribuyen en alrededor de 50 poblados, cercanos al lago Lugu. A una altura de 2.700 metros, se desempeñan como pescadores y granjeros. Tienen una manufactura artesanal –destacan sus coloridos trajes-, y más recientemente está floreciendo un incipiente “etno-turismo”.
La religión de los Mosuo es panteísta; veneran a Mu de Gan, la montaña sagrada, que se concibe como la diosa del amor, y a Shinami, el lago sagrado, visto como la diosa de la madre.
Han resistido la influencia de vecinos muy patriarcales, como fue el caso del régimen teocrático-feudal de los lamas tibetanos, y del aguerrido imperio chino.
Los mosuo tienen un sistema social en el que el matrimonio y la paternidad no existen como tales. Abuelas, madres e hijas viven bajo el mismo techo sin la presencia de padres o maridos; solamente con los tíos, hermanos, hijos y sobrinos.
Llaman zuwu a la habitación de la abuela, máxima autoridad, y en ella se reúne toda la familia por la noche para discutir los asuntos familiares, y planificar los trabajos del día siguiente.
A los 13 años niños y niñas son considerados mayores de edad, y los familiares les preparan una ceremonia que los convierte en maduros para tener amantes. Las chicas, a partir de entonces, viven en una habitación separada -“edificio de flores”-, y los chicos continúan en el zuwu con la familia materna. Las relaciones furtivas son las habituales en la aldea. Una mujer de alrededor de treinta años puede haber superado los cincuenta "amantes" y, en algunos casos, si es atractiva, es probable que haya tenido relaciones con todo el grupo de su edad.
La periodista española Paka Díaz publicó el artículo: “Los Musuo: el último matriarcado” (2000), donde relata que, en aquel mundo, el contenido de la palabra celos no tiene el más mínimo significado. La fidelidad es un concepto totalmente ignorado, y ni qué hablar del cuento del “príncipe azul”.
Cuando una mujer y un hombre quieren formalizar una relación, deben obtener la aprobación de las venerables ancianas. Así el compromiso queda establecido, y pasan a ser algo así como “pololos”. Pero eso no implica que vayan a vivir juntos: el hombre puede pasar la noche en la habitación de su amante, pero tiene como norma regresar a su casa materna antes del amanecer. Si el amor entre los amantes se acaba, se separan pacíficamente y buscan otro u otra pareja más adecuada.
Aunque tengan hijos, ni los niños ni ningún otro miembro de la familia se referirán al progenitor como ‘padre’; éste los visita ocasionalmentey es tratado con respeto. Son los tíos biológicos de los pequeños los que se ocupan de su seguridad y educación, y los niños correspondencuidando de sus tíos cuando les llega la vejez.
Quien registró sus dos visitas en el libro “El reino de las mujeres” (2005), fue el médico y periodista argentino Ricardo Coler.
Nos cuenta que el sexo se practica de forma abierta y libre, aunque nadie anda comentando sus intimidades. “Intentan dar lugar a que el placer de la mujer, necesitado de tiempo y cuidado, alcance su plenitud”.
Entre los Mosuo no existen palabras para los conceptos de asesinato, guerra, violación o cárceles. No hay violencia y son comunes el buen trato y la hospitalidad; no hay lucha por el poder; cada quien trabaja según su capacidad y los bienes se distribuyen de acuerdo con las necesidades de cada cual. Gracias al ambiente tolerante, pacífico y de respeto mutuo, cualquier problema puede resolverse mediante conversaciones y consultas.
“Los hombres en las sociedades matriarcales lo pasan bárbaro. Defienden esa cultura, pues todos se benefician y viven bien”, sentencia el periodista.
El edén matríztico
Desde que en 1861 el antropólogo suizo J.J. Bachofen publicó su libro “El derecho materno”, cada vez más investigadores creen que antes de nuestra era patriarcal –que tendría unos siete mil años de antigüedad- existió un largo período “matricéntrico”, que habría durado por lo menos unos 30 mil años. Y éste sería el anhelado “Paraíso perdido” o “Época Dorada”.
Entre los más conocidos continuadores de estas tesis están: L.H. Morgan, F. Engels, B. Malinowski, M. Gimbutas, R. Graves, W. Reich, M. Mead, R. Eisler, y F. Martín-Cano.
Erich Fromm intentó caracterizar lo que es común en estas sociedades “matrísticas”: inexistencia del matrimonio; predominio de la propiedad comunitaria, la mayoría del trabajo es asociativo y hay mayor igualdad socioeconómica; respeto al medio ambiente, y vínculos pacíficos internos y con los vecinos.
Las razones por las que esa civilización matricéntrica fue reemplazada –y oscurecida- por el patriarcado, es fuente de varias hipótesis, como la expuesta por el biólogo chileno Humberto Maturana. Él cree que la exclusión del lobo en su calidad de comensal -de los rebaños que los habitantes de las estepas euroasiáticas perseguían hace unos diez mil años-, habría generado una cultura de pastores, caracterizada por la apropiación, la guerra y la conquista.
Según el psiquiatra chileno Claudio Naranjo, el patriarcado sería una especie de “aberración”, una ruptura con el equilibrio o armonía cósmica, que al cabo de cinco mil años nos tiene al borde del precipicio, del colapso total.
Publicado en El Ciudadano Nº65, página 14, enero 2009.
Este segmento recibe el 34% del ingreso total nacional, y está compuesto por los sub grupos E, D y por la mayoría del C3.
Este segmento concentra el 66% del ingreso total nacional, y está compuesto por los sub grupos ABC1, C2 y una pequeña parte “superior” de C3.
