Autoconstrucción por ayuda mutua

Una alternativa solidaria para la vivienda social

Por Cristian Sotomayor

Desde 1991 una sociedad de profesionales llamada Taller Norte viene desarrollando, en comunas populares de Santiago, programas de mejoramiento habitacionales con densificación, a través de métodos de construcción por ayuda mutua. Estas son las primeras experiencias concertadas entre pobladores, particulares, municipios y organismos públicos desde 1973.

Cuando a la señora María Farías le propusieron, en una reunión en la junta de vecinos efectuada en diciembre de 1990, que se incorporara a un proyecto piloto de construcción por ayuda mutua, ella se mostró muy escéptica. Fue Juan, su yerno, quien vivía con su esposa e hijo, allegado en su terreno, el que la convenció para que participara. Doña María había llegado a Peñalolén en 1971 y ahora vivían cinco personas en un par de mediaguas, de esas del Hogar de Cristo.

Juan asistió durante cuatro meses al taller ubicado cerca de la población. Allí aprendió nociones básicas de construcción y ayudó en la prefabricación de las "locetas" que servirían de muros. Una vez finalizado esto, se armaron los grupos de ayuda mutua y comenzó la obra.

Entretanto, doña María se incorporó a un comité que las 18 familias beneficiadas organizaron para juntar dinero, a través de distintas actividades y así poder adelantar la obra, en espera del subsidio que se demoró en llegar.

-Cuando veía que los meses pasaban, varias veces pensé retirarme, pero Juan insistió en que prosiguiéramos- confesó doña María.

Los grupos de ayuda mutua trabajaban guiados por los maestros todos los sábados y domingos y ya, por fin, las casas estuvieron listas en septiembre de 1991. Para la construcción de los segundos pisos se utilizó el reciclaje de la madera de las antiguas viviendas. La casa de doña María cuenta con 42,16 metros cuadrados y la de Juan con 32,30.

El costo de cada casa fue de entre 110 y 120 UF, de las cuales la familia colocaba un ahorro de 5 UF. El resto lo financió con créditos de Peñasol, subsidio estatal y aportes del gobierno griego.

-Todo el proceso fue rico; hubo unión entre la gente y tuvimos bastante convivencia- cuenta doña María-. Es bueno que la gente participe porque no es lógico que esperen a que se lo hagan todo o le regalen las cosas. Todos tienen que poner un grano de arena y así se avanza más rápido.

En la segunda etapa de este proyecto, entre febrero y agosto de 1992, se trabajó con 15 familias más de Peñalolén. Esta fue más rápido ya que el subsidio y crédito estatal llegaron a tiempo.

Como una continuación de esta experiencia piloto, Taller Norte realiza actualmente un programa de densificación con mejoramiento habitacional para 100 familias en la comuna de San Joaquín.

La historia chilena de la autoconstrucción

Una de las primeras manifestaciones de autoconstrucción de viviendas por ayuda mutua en sectores populares ocurrió en los comienzos del presente siglo, entre algunas iniciativas que surgieron de los propios obreros, organizados en cooperativas de construcción en algunas ciudades del país.

-En la génesis de esas iniciativas influyó el pensamiento anarquista, el cual contaba en esa época con varios representantes en Chile- comenta Víctor Basauri, coordinador de Taller Norte.

Posteriormente, la autoconstrucción con ayuda mutua reapareció, como acción concertada, en la década del 50.

-Con la crisis económica de los años 30 -relata Basauri- comenzó una avalancha migratoria hacia Santiago, que se llenó de poblados populares que ocupaba terrenos en situación ilegal y con pésimas condiciones sanitarias. Este problema reventó en la década del 50 y se llevaron a cabo varias tomas de terrenos fiscales, como los campamentos San Gregorio y José María Caro. Estas acciones contaron con el respaldo de la Iglesia Católica, de las agrupaciones de estudiantes universitarios y de los partidos populistas.

Ante esta realidad, el gobierno de Ibañez (1952-58) impulsó el Programa de autoconstrucción y ayuda mutua, que tuvo su origen en los convenios de cooperación técnica entre los gobiernos de Chile y Estados Unidos. El objetivo era realizar programas cooperativos de vivienda con la posibilidad de que las familias contribuyeran con su trabajo en la autoconstrucción de sus casas. Existía un beneficio recíproco entre los participantes y contaba con la ayuda de una entidad externa al grupo, de origen estatal, municipal o privada.

En el siguiente período de gobierno (Alessandri, 1958-64), se continuó con algunos indicadores de autoconstrucción concertada, pero es con el régimen democratacristiano (Frei, 1964-70) que la autoconstrucción con ayuda mutua pasó a ser parte de la política habitacional del país para los sectores de bajos ingresos. Esta tendencia se explica por la influencia que tuvieron en el humanismo cristiano los teóricos de la autogestión.

El ejemplo más conocido, pero no único, es la Villa La Reina en la comuna de ese nombre en Santiago, en que los pobladores asociados con el municipio construyendo sus casas por autoconstrucción con la asistencia técnica de aquél y una empresa de trabajadores (Imporei), productora de materiales de construcción.

Esa experiencia puntual es la base de la Operación 20.000 a fines de los sesenta, que consistió en organizar comunidades de pobladores a lo largo del país para que autofabricaran y montaran elementos y complejos de viviendas industrializadas, con la posibilidad de que formaran posteriormente empresas populares independientes. Estos programas fueron asistidos técnicamente por la Corporación de Servicios Habitacionales (Corhabit), hoy desaparecida.

Al inicio del gobierno de Allende, el problema de la vivienda social se definió como labor del Estado y las iniciativas asociativas de autoconstrucción y ayuda mutua se vieron con desconfianza y como competitivas al trabajo legítimo del trabajador de la construcción.

-Al comienzo del gobierno de la Unidad Popular se dijo que significaba una sobreexplotación para la gente. Yo -indica Basauri- era director regional de la Corhabit y el Ministerio de Vivienda no nos dejaba hacer autoconstrucción. Sin embargo, como las tomas de terreno continuaron y la gente pedía participar, se reanudó. Ya para 1972-73 estábamos todos de acuerdo en que sin autoconstrucción el problema habitacional no se iba a resolver.

Ejemplos son los Planes 20.000, que continuaron en Arica, Talca y otras ciudades que mantenían la participación y la ayuda mutua. Las experiencias de campamentos como Nueva La Habana, generaron dinámicas positivas en lo que se refiere al mejoramiento del hábitat barrial, la construcción de la vivienda y la planificación local participativa con apoyo de las universidades.

El 11 de septiembre de 1973 se cortaron. Éstas venían abriendo caminos novedosos y únicos en las producción de la vivienda social. Autoconstrucción, ayuda mutua, asistencia técnica gratuita, participación popular, control social, apoyo solidario pasaron a ser palabras prohibidas y sediciosas.

Sin embargo, el creciente déficit habitacional, las crisis económicas y la movilización popular contra la dictadura hicieron que al inicio de la década del 80 reapareciera la autoconstrucción por ayuda mutua. Pero esta vez de la mano de organizaciones no gubernamentales, vinculadas a los partidos políticos opositores y a la Iglesia Católica. Estos contaban con recursos provenientes de agencias internacionales de desarrollo. Estas iniciativas se multiplicaron en las poblaciones periféricas y marginales a raíz del terremoto de 1985 y de las inundaciones en 1987. Desde aquí las ONGs de vivienda entraron en proceso de acercamiento a la formalidad en las cuestiones financieras y en la legalidad normativa municipal. Sólo hacia el término de la dictadura hubo tímidas tentativas de alcaldes, como en La Florida y Peñalolén, para que algunas ONGs implementaran actividades de construcción por ayuda mutua en ciertas poblaciones.

Con el retorno al sistema democrático de gobierno, la construcción por ayuda mutua vuelve a tener posibilidades de convertirse en programas concertados entre agrupaciones de beneficiarios, organizaciones sociales, ONGs, universidades, municipios y organismos públicos. No obstante, este proceso ha sido lento y no sin dificultades.

-Lo que sucede -explica Basauri- es que, por una parte, el actual sistema que ha heredado el Ministerio de Vivienda (Minvu) consiste en un simple traspaso de los fondos hacia las empresas privadas lucrativas que construyen las viviendas sociales, sin ninguna participación de los beneficiarios. Por otro lado, a las ONGs de vivienda también les ha costado adecuarse a la nueva realidad de formalización y disminución de los recursos extranjeros. Pero -continúa Basauri- la cosa empieza a mejorar, ya que el Minvu ha comenzado a dar señales positivas. Por ejemplo, parece que se estarían cambiando algunos decretos tendientes a considerar la alternativa de la construcción por ayuda mutua, para lo cual es fundamental que junto con los préstamos y subsidios para la construcción, se cuente con financiamiento para la asistencia técnica que otorgan las ONGs de vivienda.

(Publicado en el canelo Nº 43, mayo de 1993, páginas 40 y 41, sección Experiencias)